Hay gente que está sumamente molesta porque en la Ciudad de México hay un servicio de transporte que es limpio, operado por gente educada y limpia, que ofrecen servicio en vehículos de modelo reciente y que además le dan factura al usuario.
Hay personas que están sumamente disgustadas con que en México haya conductores prestadores de servicio de transporte que manejan con base en reglas cívicas y hasta ofrecen botellas de agua al usuario.
Hay una bola de personas que están en franco desacuerdo con ese servicio de transporte porque, argumentan, es ilegal debido a que no pertenecen a las agrupaciones encabezadas por líderes políticos y a autoridades locales que obligan a los taxistas a hacer mil pagos (licencia, mordidas, revista, mordidas, derechos, mordidas…)
Autoridades que, al cobijo de la impunidad, toleran, mejor dicho fomentan, la competencia desleal conocida como ‘taxis pirata’ en perjuicio de los taxistas que están en regla y que trabajan por necesidad, y también socavando la seguridad de los usuarios.
El tema de los taxistas en la Ciudad de México es un segmento que despide un tufillo a carrroña, pues los líderes y autoridades no han mostrado durante años interés por poner en orden a las organizaciones de estos transportistas.
Vehículos en lamentables condiciones, sucios y operados por gente que no muestra el mínimo respeto por el reglamento vial. Choferes -obviamente no todos- que están en contubernio con asaltantes para despojar a los usuarios de sus pertenencias.
Se trata pues de un segmento que es, en la práctica, usado por líderes como botín político y como una fuente de ingresos por la vía de la corrupción solapada por las autoridades en turno, quienes, no lo dude, se ven beneficiadas.
Obviamente este grupo de personas que ofrecen servicios en autos en lamentables condiciones, que son operados por choferes que no respetan las reglas, que no garantizan la seguridad de los usuarios y que no expiden factura, está en contra de servicios de excelencia basados en tecnología móvil como Uber.
El argumento es y será el que no cumplen con las disposiciones marcadas en la ley de taxis. Un gobierno progresista y verdaderamente interesado en atender a la gente haría lo contrario, como adecuar las leyes para que las mafias de los taxistas se las arreglen para competir con un servicio de transporte de excelencia.
El Gobierno de la Ciudad de México, antes de promover una persecución en contra de una empresa como Uber, debería poner en orden toda la red de transporte público. Sólo basta observar el comportamiento de taxistas, camiones y peseras en el paradero del metro Barranca del Muerto, delegación Álvaro Obregón para darse cuenta que operan embalsamados de impunidad.
Vueltas en U prohibidas en Revolución y Barranca del Muerto, ascenso y descenso de pasaje en segunda fila, espera de pasaje hasta en tercera fila en vehículos con vidrios polarizados, camiones con luces azuladas en la noche… en condiciones de franca inseguridad para el usuario.
La tecnología de consumo ha revolucionado muchas industrias, ha redefinido la manera de hacer las cosas en muchos frentes. Hoy esa misma tecnología está reconfigurando la manera en la que el usuario selecciona servicios.
La libre competencia no está a discusión en México. Los partidos políticos y sus líderes corruptos deberían sofisticar sus paradigmas de corrupción y operación política tanto como los usuarios están sofisticando sus hábitos de consumo y selección de servicios.
No, la corrupción no es un tema cultural en México. Es un lamentable sistema en el que el Instituto de Verificación Vehicular del DF (Invea) acusa de ilegales a unos y no mete en cintura a sus concesionados, valiéndole gorro lo que exige la gente.