Para evitar que se repita la explotación laboral, origen del conflicto en San Quintín, “equiparable a una situación de esclavitud moderna”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), vigilará el cumplimiento de los acuerdos alcanzados este jueves.
En un comunicado, el organismo autónomo también consideró “notoriamente desproporcionadas” las fianzas millonarias impuestas a tres jornaleros a consecuencia de los hechos del 9 de mayo y por ello pidió revisarlas.
Tras reconocer a las partes por haber alcanzado un acuerdo a través del diálogo, la CNDH confió en que esta solución beneficie a todos los involucrados y particularmente fortalezca los derechos de los trabajadores del campo.
La Comisión recordó que su sexto visitador, Jorge Ulises Carmona Tinoco, estuvo este jueves en Ensenada, donde se realizaron las prácticas y se llegó a un acuerdo con los jornaleros.
A tal encuentro acudieron también funcionarios federales y estatales, legisladores, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, así como líderes sindicales y un representante de los empresarios.
Además, el comunicado enfatiza que más allá de los acuerdos, la CNDH mantiene presencia permanente en la zona, para recabar evidencias sobre los hechos denunciados, debido a que sigue abierta una investigación.
Además, personal de la Comisión ha visitado y entrevistado a jornaleros y autoridades, además de documentar la situación de los heridos y detenidos tras los hechos violentos del 17 de marzo y 9 de mayo, para determinar si se presentaron violaciones a derechos humanos.
El 9 de mayo se solicitaron medidas cautelares a las autoridades locales y se ha pedido información al gobierno estatal, la alcaldía y la policía municipal de Ensenada, la Secretaría del Trabajo (federal y local), el IMSS y la PGR, como parte de esta misma investigación.
“La Comisión Nacional permanecerá vigilante de la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho proceda”.
GH