Mientras se siguen acumulando datos de que no fue el Estado el que detuvo y entregó a los 43 normalistas al cártel Guerreros Unidos para que los asesinaran, los padres de los estudiantes siguen viajando por el mundo cuando los responsables del crimen están en México.
Esos viajes y las exigencias de organismos internacionales convocados por los padres de los 43 estarían configurando la segunda muerte de los estudiantes. Al cuestionar la investigación de la PGR, los padres de los 43 estarían abriendo la reja para liberar al directamente responsable del asesinato: el alcalde perredista José Luis Abarca, quien dio la orden de detener a los estudiantes y entregarlos al cártel Guerreros Unidos para que los asesinaran.
Por tanto, el reporte de la Comisión perredista de Pablo Gómez, los discursos y viajes de los padres de los 43 y los organismos internacionales de los derechos humanos podrían ser cómplices de la impunidad en el asesinato del 26 de septiembre. Si la investigación de la PGR fue mal hecha, entonces Abarca debería salir libre y, peor aún, debería de retomar el cargo de alcalde de Iguala.
Con el apoyo de organismos internacionales, los padres de los normalistas asesinados siguen creando distractores para proteger al PRD, evitar la acreditación del crimen al alcalde del PRD y por tanto evitar la exhibición del PRD guerrerense como criminal y represor. La estrategia de los padres de los 43 normalistas es excluir al PRD del asesinato para que las elecciones de gobernador y alcaldes no beneficien al PRI.
Por tanto, los padres de los 43 normalistas están asumiendo el papel de cómplices electorales de los verdaderos asesinos de sus hijos. Si el alcalde del PRD efectivamente forma parte del Estado, la orden de arrestar a los estudiantes y entregarlos al crimen organizado no partió del Estado como institución sino de un funcionario de la estructura. Por tanto, el alcalde Abarca fue el rostro responsable del Estado que asesinó a los estudiantes normalistas.
En este sentido, los padres de los 43 decidieron ya politizar electoralmente el asesinato de sus hijos pero no para responsabilizar al PRD cuyo alcalde dio la orden sino para endosárselos jefe priista del Estado. Con el apoyo de organismos internacionales han credo distractores: que fue el Estado, que investiguen al Ejército y que las estructuras de poder son priistas.
Pero mientras los padres de los 43 normalistas no decidan incriminar al PRD y exigirle cuentas a los candidatos perredistas en las elecciones guerrerenses del 7-J que formaron parte del PRD guerrerense controlado por el gobernador perredista con licencia Ángel Aguirre Rivero, su tarea no será moral ni de justicia sino política y electoral: proteger al PRD de la responsabilidad de la noche de Iguala.
Los organismos internacionales han caído en la trampa diseñada por los padres de los normalistas: confundir malintencionadamente crimen con investigación. La investigación de la PGR puede estar bien o mal pero constituye una actividad de una autoridad ajena al crimen. Los padres de los normalistas no quieren saber quién mató a sus hijos sino que están más interesados en desacreditar a la autoridad que investiga al crimen.
La trampa se cierra con los resultados: si se cuestiona la investigación de la PGR, entonces los presuntos responsables Abarca y su esposa -los perredistas de Iguala- tendrán que salir libres y el PRD quedará exonerado del asesinato ordenado por el alcalde perredista de Iguala. Ahí se debe ubicar, por tanto, la segunda muerte de los 43 normalistas, sólo que ahora los responsables de esa segunda muerte no serán el Estado ni la PGR sino sus padres.
(Hoy termina el ciclo de Indicador Político aquí en 24 Horas. Gracias a Antonio Torrado y a los lectores. Y nos seguiremos leyendo.)