Para que los legisladores y la maledicencia pública no sigan diciendo que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa a la hora de aplicar la Ley de Responsabilidad Administrativa a los funcionarios que la incumplen; para que tampoco digan que es “tapadera” de corruptos, la dependencia envió un informe a la Cámara de Senadores donde presume que de 2006 a 2014 ha aplicado 91 mil sanciones de todo tipo a más de 72 mil funcionarios públicos. Además, dice haber impuesto en el mismo lapso penas económicas que superan los 32 mil 500 millones de pesos.
Según el susodicho documento, el gobierno del “cambio con rumbo desconocido” (el de Felipe Calderón) acumuló más de 61 mil sanciones. En los dos primeros años de la actual administración aplicó más de 28 mil.
En el año 2011 –que los malosos rebautizaron como el “Año de Hidalgo” porque desde ese entonces se anticipaba la derrota del PAN en las elecciones presidenciales de 2012–, la Secretaría de la Función Pública se vio en la penosa necesidad de imponer multas económicas por más de siete mil 521 millones de pesos, que dicho sea de paso, fue el mayor monto del sexenio del “presidente de las manos limpias”.
En 2012, a pesar de que las sanciones batieron récord (más de 13 mil), el importe de las mismas fue apenas de tres mil 616 millones de pesos. ¡Pues yo anuncié en septiembre de 2009 la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, pero no me dejaron!, podría argumentar el ex presidente Calderón. Y como no le permitieron “darle cuello”, sus funcionarios se descararon en las violaciones a la ley.
En los dos primeros años del actual sexenio, las sanciones rebasaron las 28 mil y recayeron en más de 27 mil servidores públicos; las penas económicas sumaron tres mil 500 millones y pico de pesos.
Siempre de acuerdo con la información sobre las sanciones administrativas en el periodo enero de 2006 a diciembre de 2014, a más de 40 mil funcionarios públicos les jalaron las orejotas, ya sea en público o en privado.
Como en botica, hubo de todo: apercibimientos, destituciones, inhabilitaciones, suspensiones, sanciones económicas. Podría decirse que a más de 40 mil servidores públicos los pusieron “de patitas en la calle” entre 2006 y 2014. En este sexenio más de cinco mil han sido inhabilitados y casi siete mil suspendidos.
Lo que al parecer omitió la Secretaría de la Función Pública en su informe fue mencionar la cantidad de funcionarios destituidos, inhabilitados, suspendidos que demostraron su inocencia, pues una cosa es que la dependencia los haya acusado de no cumplir con la Ley de Responsabilidad Administrativa, y otra que les hayan comprobado los delitos.
Y otro punto que también parece haber omitido la dependencia, fue informar si esos 32 mil 529 millones de pesos y algunos centavitos más, que fue el monto total de las sanciones económicas impuestas del 2006 a 2014, realmente fueron cobrados o si “son de saliva”. La duda surge porque cada vez que la mencionada Secretaría descubre alguna falta administrativa, incumplimiento de la ley, etcétera, menciona que le causaron un daño al erario por miles de millones de pesos, y a la hora de que los acusados se defienden, resulta que lo que dice la Función Pública es falso de toda falsedad.
Pregúntenle a José Andrés Casco, quien fue director Ejecutivo de Mercadotecnia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), a quien acusaron de daño al erario por más de 10 millones de pesos por una supuesta venta irregular de 122 inmuebles del IPAB, y a quien no le pudieron comprobar ningún delito.
Ahora bien, si efectivamente se cobraron esos 32 mil 500 millones de pesotes, pues que digan a dónde fueron a parar.
AGENDA PREVIA
Petróleos Mexicanos, la nueva empresa productiva del Estado, y la Profeco suscribieron un acuerdo para verificar a las casi 11 mil gasolineras instaladas a lo largo del país y combatir las prácticas ilícitas de engañar al público sirviéndole litros incompletos. Con la coordinación entre ambas dependencias se llevarán a cabo operativos sorpresa para detectar alguna irregularidad.