La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer ayer que se ha dado atención a 179 víctimas directas e indirectas por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, esto según los registros tomados hasta el 30 de abril.

 

 

Durante la sesión ordinaria del pleno, Jaime Rochín, presidente del organismo, informó que además se ha brindado apoyo a 98 afectados del Club de futbol Avispones de Chilpancingo; en ninguno de los casos mencionados indicó en qué casos se entregaron apoyos monetarios y a cuánto ascendían, sólo se indicó que recibieron ayuda multidisciplinaria.

 

“A partir de la presencia de la Comisión Ejecutiva en Iguala, otras personas se han acercado para solicitar apoyo en virtud de haber sido víctimas de hechos delictivos del fuero Federal, relacionados con homicidios, amenazas y la privación ilegal de la libertad”, indicó.

 

Mientras que sobre el caso Tlatlaya dijo que se acercaron a los afectados a solicitud de Segob, Sedena, PGR, el gobierno del Estado de México, la CIDH y la CNDH; y hasta el 30 de abril tenían un registro de 69 personas víctimas directas e indirectas por la muerte de 22 personas en dicho municipio mexiquense.

 

“Cabe destacar que hace unos días, el pleno de la Comisión Ejecutiva aprobó la primera resolución en este caso a favor de una víctima directa y siete indirectas, a propuesta del comisionado Adrián Franco Zevada. Ésta contiene un plan de reparación integral apegado a los más altos estándares de derechos humanos y establece un nuevo paradigma en materia de reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos”, dijo.

 

Del caso del albergue La Gran Familia, cuya directora era Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, informó que la Comisión Ejecutiva atendió 380 víctimas directas de un total de 536 y se ha proporcionó atención a 230 indirectas.

 

“Para la adecuada atención de este caso, se promovió la creación de un grupo interinstitucional federal, en el que participan las Secretarías de Gobernación, de Educación, Salud, el Sistema Nacional DIF, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de Economía Social, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como observador; y, además, representantes de organizaciones de la sociedad civil”, informó.

 

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