De todo el país, sólo en Sonora se ha asentado una “falta de voluntad política” para poner en marcha la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Sin ningún avance, la entidad gobernada Guillermo Padrés se ha resistido la aplicación del nuevo modelo de justicia, cuyo plazo constitucional vence el 18 de junio de 2016.

 

María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, aseveró que en los últimos meses han intentado buscar “la voluntad del gobernador”, sin embargo, no se ha concretado ningún avance en cuanto a la implementación debido en gran medida de “una dispersión de la población”.

 

Por su parte, Alejandro Martí García, presidente de la organización civil México SOS reiteró que “de todos los estados a nivel nacional, hay uno que falta, que es el Estado de Sonora, una gran indolencia. Los propios sonorense han desplegado en el periódico sus quejas, porque no es por falta de dinero es falta de voluntad política, el resto de los estados ahí van unos más tarde que otros”.

 

Precisamente ante la situación en Sonora como el regazo en otras entidades como en Baja California, Aguascalientes y Tabasco, donde se presenta una demora en cuando al avance del Código Nacional de Procedimientos Penales, Fromow Rangel señaló que el Foro, a realizarse los próximos días 20 y 21 de mayo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, será el aliciente para “empujar” aquellos estados donde el modelo no se ha consolidado.

 

“Este foro tiene una gran virtud, en las mesas están tanto académicos, miembros de la organizaciones sociales, representantes del legislativo, judicial, del ejecutivo federal y local, hace una discusión rica para tomar conclusiones y saber una serie de determinadas actividades que tendremos sí o sí que llevar a los largo del próximo año para éxito de la reforma, estamos a 400 días claves para sumar, coadyuvar y empujar al resto de los estados que todavía están por completar su gradualidad”, consideró.

 

La titular de la SETEC rechazó que para la implementación del sistema de justicia haya algún recorte este año en el presupuesto, “en absoluto, el Gobierno de la República dijo que para la reforma de la justicia penal no existiría ningún recorte”, asimismo señaló que incluso los estados han hecho un esfuerzo en el incremento de recursos, además del avance de otros apoyos de recursos federales como son el FASP, el Subsemun y SPA.

 

“Prácticamente todos los estados ya tienen una estrategia específica de la infraestructura y equipamiento que no se va a acabar el 18 de julio de 2016 (día en que vence el plazo de implementación)”, dijo en referencia al plan anunciado a mediados de febrero pasado cuando se informó sobre la puesta en marcha de planes tácticos en cada entidad a fin de reducir los tiempos de implementación, y aquellas instituciones locales que no cuenten con el tiempo suficiente para terminar la construcción de sus centros de justicia.

 

Con la reciente incorporación, apenas el 1 de mayo pasado, de Durango en cambiar al nuevo sistema de justicia en un 100% con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el avance que registra Querétaro en breve también logrará consolidarlo, la secretaria sostuvo que hay un avance de 91% en la armonización de los códigos locales con el nacional. En general, 58% de la población nacional se encuentra cubierta por el nuevo sistema de justicia penal.

 

“Estamos trabajando con las distintas entidades, incluso evaluando con ellos la posibilidad de reducir los tiempos de implementación, hemos puesto asistentes técnicos ahí, entonces este número (de entidades en el nuevo sistema) se incrementará en los próximos días”, aseveró.