En México, las autoridades federales no han llevado a cabo las investigaciones necesarias para abatir la intervención de comunicaciones y el robo de información; de los varios casos de espionaje que han salido a la luz pública en la actualidad no hay causas penales abiertas ni condenas en torno a indagatorias sobre espionaje, acusó el presidente fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo Vargas.

 

Referente al reciente un audio que fue filtrado en el que se involucra al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, el especialista en seguridad ciudadana y reforma policial sostuvo que el hecho de difundir ese tipo de contenidos implica que el delincuente que se robará dicha información cumpliera su propósito: “un embate político a través de la actividad criminal”.

 

En entrevista con 24 HORAS López Portillo rechazó que los medios de comunicación y la opinión pública construyan a partir de una intervención ilegal de una comunicación privada, y cada vez que se aborda el contenido de esos mensajes extraídos por “una conducta ilícita”, el criminal que lo hizo cumple el propósito de “empañar la convivencia democrática”.

 

“Lo que nos enteramos, nos enteramos porque alguien cometió un delito y nosotros estamos utilizando la información obtenida, yo no puedo interpretar cómo afecta esto la conducta del presidente el INE cuando la información fue entregada a través de un delito”, señaló.

 

Para el especialista, resulta “absolutamente inaceptable que no existan causas penal abiertas y mucho menos condenas por intervenciones de comunicaciones privadas, no las hay, ante lo cual la Procuraduría General de la República debe realizar investigaciones serias, transparentes, imparciales y profesionales, con mucha más razón en casos de gravedad, que podemos llamar ejemplares en términos de su capacidad de desestabilizar el proceso democrático”, reiteró.

 

En el país, diversos casos de espionaje entre comunicaciones se han dado a conocer, donde además de involucrar a funcionarios públicos o gente ligada a instituciones políticas, también ha sido el caso de grupos criminales, tal fue el caso del cual la PGR tomó conocimiento en junio de 2003 cuando la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) aseguró equipo de cómputo y diversas conversaciones captadas en audio casetes, propiedad de integrantes de Los Zetas, las cuales contenían comunicaciones de las principales oficinas gubernamentales de Nuevo Laredo, Tamaulipas.