MOSCÚ. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el sábado una ley que da a la fiscalía poder para declarar a organizaciones extranjeras e internacionales como “indeseables” en Rusia y cerrar sus operaciones.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron la medida, que consideraron parte de una “represión draconiana en curso que está asfixiando a la sociedad civil”.
La ley forma parte de una campaña del Kremlin para cercar a la disidencia, intensificada desde que Putin comenzó su tercera legislatura como presidente en 2012. Su regreso al cargo se vio acompañado de manifestaciones masivas, a las que Putin acusó de estar organizadas por Estados Unidos. El recelo de Moscú sobre las intenciones occidentales se vio acrecentado ante las tensiones por el papel de Rusia en el conflicto en Ucrania.
La nueva ley rusa permite a los fiscales declarar que una organización es indeseable si supone una amenaza para el orden constitucional ruso, sus defensas o su seguridad.
Leyes aprobadas en los últimos años ya han aumentado la presión sobre las organizaciones no gubernamentales rusas, en especial las que reciben financiamiento del extranjero. Activistas de derechos temen que la nueva ley pueda utilizarse para endurecer las medidas contras las delegaciones rusas de grupos internacionales, y contra los activistas rusos que trabajan con ellas.
Estados Unidos está “profundamente preocupado” por la nueva medida, indicó en un comunicado la sub portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Marie Harf. El comunicado estadounidense señaló que la nueva ley es “un nuevo ejemplo de la creciente represión del gobierno ruso sobre las voces independientes, y de las medidas deliberadas para aislar al pueblo ruso del mundo”.
OBO