Ningún gobierno, de ningún país y en ninguna época ha admitido con facilidad que en su territorio actúa la guerrilla armada, y el gobierno mexicano no es la excepción.

 

Únicamente las fuerzas armadas de las naciones atacadas por la guerrilla están dispuestas a reconocer la existencia y la actividad de esos grupos irregulares, porque ese reconocimiento haría menos riesgoso el uso de la fuerza pública en su máxima expresión con el propósito de defender los intereses superiores de la nación, apuntan los observadores.

 

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De otra manera, como es el caso mexicano, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada, así como la Policía Federal, están bordeando siempre el terreno de la ilegalidad cuando enfrentan a la narcoguerrilla disfrazada de cárteles del narcotráfico.

 

La paradoja que acompaña las acciones de las fuerzas armadas en este caso es que la milicia tiene la responsabilidad de exterminar la violencia criminal… pero con las limitaciones excesivas que impone la falta de una adecuada legislación que califique, sin lugar a dudas, la índole de la lucha: ¿se trata de bandas aisladas con potencial limitado en capacidad de fuego o se trata de narcoguerrillas con entrenamiento, estrategias y tácticas avanzadas, para cuyo exterminio se requiere la declaración de un estado de guerra?

 

Parece excesivo otorgar a algunos narcotraficantes el status de guerrillas.

 

Sin embargo, basta una ligera revisión de hechos recientes para que se diluya ese aparente exceso: el helicóptero militar derribado por un bien armado grupo delincuencial en Jalisco, con saldo de 18 muertos, y el reciente enfrentamiento de civiles y militares en Michoacán, con saldo provisional de 43 fallecidos, muestra con claridad que el Estado mexicano enfrenta a dos tipos distintos de delincuentes organizados: los cárteles violentos -la mayoría- y la narcoguerrilla, que actúa cada vez en mayor escala en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

 

El gobierno tiene ante sí la compleja disyuntiva de mantener el discurso del combate a los cárteles del narcotráfico o reconocer -¡difícil decisión!- la existencia de guerrillas de supuesta defensa a los pobres.

 

Entre mantener el statu quo o declarar la guerra a las guerrillas no hay más que un paso, que sería, sin duda, el paso más complejo que podría intentar el actual gobierno.

 

Mientras tanto, las fuerzas armadas estarán -como desde hace años- entre la espada de los narcoguerrilleros con antifaz de cárteles narcotraficantes, y la pared de una inadecuada legislación, además de permanecer cuasi atados por instituciones oficiales y grupos civiles que dicen defender los derechos humanos.

 

En Michoacán la reacción de las fuerzas armadas fue contundente ante criminales, y queda claro, bastante claro el mensaje del Gobierno Federal: ¡Ningún cártel es más fuerte que el Estado mexicano!

 

AGENDA PREVIA

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó dos cositas sobre la candidatura para diputado federal del Carnal Marcelo.

 

Una, que incumplió la sentencia que emitió hace un par de semanas en la que revocó la mencionada candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano; no importa si era propietario o suplente, precisó el tribunal. Pero más importante que la fallida candidatura, es que el TEPJF concluyó que el Instituto Nacional Electoral incurrió en desacato a la sentencia dictada previamente por la Sala Superior, pues validó un nuevo registro de Ebrard. Erróneamente el INE consideró que existe una diferencia relevante entre el registro de una candidatura por la vía ordinaria (propietario) y la que se realiza mediante la sustitución (suplente) argumentó el máximo tribunal electoral.

 

Y dicen los que saben de la materia jurídica que quién incurre en desacato debe ser des-ti-tu-ido, por lo que el presidente consejero del INE y sus consejeritos ya deberían estar de “patitas en la calle”.

 

Sobre esos sucesos que han puesto al multicitado instituto y a su presidentito Lorenzo Córdova en el centro de la polémica, el diputado Manlio Fabio Beltrones declaró que el país requiere un órgano electoral sólido y confiable que cumpla las expectativas ciudadanas y afiance nuestra democracia constitucional.