TEHERÁN. El controvertido juicio por espionaje contra el periodista del The Washington Post, Jason Rezaian, empezó en Irán marcado, como todo desde el inicio de este caso hace más de diez meses, por la falta de transparencia y el absoluto silencio informativo.
Rezaian, corresponsal del diario estadunidense en Teherán cuya detención el pasado mes de julio desató una dura oleada de críticas contra la República Islámica, afronta junto con otras dos personas que no fueron identificadas, cargos de espionaje y de difundir propaganda hostil contra Irán.
El juicio comenzó ante el Tribunal de la Revolución número 15 de la capital iraní, una corte especializada en juzgar delitos contra la República Islámica presidida por el juez Abolgasem Salavatí, un magistrado sobre el que pesan acusaciones internacionales de mano dura y de haber condenado a la horca a varias personas tras los disturbios postelectorales de 2009.
Rezaian y los coacusados comparecieron ante el juez asistidos por la abogada Leila Ahsan y acompañados por un traductor.
Del contenido de la primera sesión no se pudo saber nada más, ya que ni los responsables del Ministerio de Justicia iraní, que responden directamente ante el líder supremo iraní Alí Jamenei, ni la abogada de los acusados quisieron hablar del asunto cuando fueron consultados por la prensa. Antes del juicio, en declaraciones recogidas por la agencia Tasnim, la abogada Ahsan confirmó que la fiscalía de Teherán acusa a Rezaian de “espionaje” por haber recopilado información sobre temas de “política interna y exterior” iraní, y suministrarla a “personas indebidas”.
“Según la acusación emitida, el acceso y la recopilación de información clasificada, cooperación con Estados hostiles, escribir una carta al presidente de los EU, y emitir propaganda contra el régimen de la República Islámica de Irán, son otras acusaciones de Jason”, añadió la abogada.
Estas acusaciones fueron anunciadas formalmente por Irán el pasado 20 de abril, casi al cumplirse diez meses de la detención del periodista, que permaneció todo este tiempo en la prisión de Evin, lugar de detención habitual para los acusados de crímenes políticos y de pésima reputación para los defensores de los Derechos Humanos.