Ante las medidas tomadas por Rufino León Tovar, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, en el caso Uber, los Taxistas Organizados de la Ciudad de México pusieron en duda la credibilidad del Gobierno del Distrito Federal y aseveraron que sospechan sobre la existencia de intereses económico y políticos.
En conferencia de prensa en la sede del Gobierno capitalino el pasado miércoles, León Tovar señaló que los operativos procederán contra los conductores que proporcionen servicio de taxi sin tener concesión, como es el caso de Uber, el cual puede ser calificado de irregular al no tener los requisitos que establece la ley.
“Por tercera ocasión en una semana el Gobierno del Distrito Federal se echó para atrás y le tiembla la mano para ejercer la ley contra los servicios de transporte individual de pasajeros que operan sin concesión” argumentó el grupo de taxistas mediante un comunicado.
A nombre de los miles de Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, voceros del gremio cuestionaron “la credibilidad de un gobierno que acepta abiertamente la comisión del delito que cometen Uber, Cabify y los más de 30 mil vehículos piratas con cromática oficial y se niega a aplicar la ley”, afirmaron.
A pesar de que ambos funcionarios se comprometieron a garantizar la correcta aplicación de la Ley de Movilidad, el grupo sostiene que “aparentemente para el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, es más importante defender y solapar a quienes sin contar con concesión para ofrecer el servicio de transporte lo hacen, como cualquier pirata más”.
Ayer por la tarde, luego de una mesa de negociación con representantes de 200 organizaciones de taxistas, se lograron dos acuerdos: instrumentar operativos para impedir servicios de taxis irregulares y analizar los mecanismos para modernizar a los concesionados. Con información de Israel Zamarrón
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