Una vez que el Congreso tiene luz verde para legislar contra casos de tortura y desaparición forzada, con las reformas al Artículo 73 constitucional, la asociación civil Alto al Secuestro exige que dicha medida no se utilizada por los procesados para evadir su responsabilidad y conseguir su absolución.

 

En entrevista con 24 HORAS, la presidenta de esa organización civil, Isabel Miranda de Wallace acusó que actualmente la Suprema Corte de Justicia sigue determinando la liberación de reos, incluso “narcos”, quienes con sólo argumentar que fueron supuestas víctimas de tortura son puestos en libertad.

 

Debido a que actualmente hay más de 2 mil reos en el país que están pidiendo la aplicación en sus respectivos casos del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul, la activista se pronunció por la creación del Instituto Nacional contra la Tortura para determinar cuáles casos son reales y cuáles no.

 

¿Se ha comprobado que presos intenten o salgan en libertad por decir que sufrieron tortura?

 

El ejemplo es que la Suprema Corte de Justicia libera a 15 narcos y luego dos al siguiente día, y a pesar de que hay otros elementos que los vinculan con actividades ilícitas se determina que como argumentaron tortura pues pueden salir libres.

 

¿Sería un problema focalizado o se está dando a nivel nacional?

 

El problema afecta a todo el país, en todos lados se llegan a ver en casos de tortura pero también en todos los juzgados hay muchos procesados que lo pretenden utilizar como medida para evadir su responsabilidad, prueba de ello es que hay más de 2 mil 50 presos, tanto a nivel estatal como federal, pidiendo que se les aplique el protocolo de Estambul porque están buscando alguna salida para evadir su proceso, y desde Alto al Secuestro decimos que si alguien violó el derecho humano de alguien pues que se le aplique la sanción correspondiente, pero eso no lo exime si es culpable o no del delito que se le acusa.

 

Entonces sería ¿investigar antes de determinar su libertad?

 

Sí, nuestra postura y lo que pretendemos con esta reforma es que haya un instituto especializado en el tema de tortura que con bases científicas, ya sea el protocolo de Estambul o las periciales convenientes determinar si hubo o no tortura, pero más allá de eso, la Constitución establece que en caso de tortura se debe anular la prueba obtenida a base de tortura y lo que está haciendo la Suprema Corte es anular todo el proceso y por eso queremos que quede bien claro que en la ley esto no es posible.

 

¿Sería la principal función de ese Instituto Nacional contra la Tortura que proponen?

 

Lo principal es que no vayan a utilizar el argumento de que fueron torturados como mecanismo de defensa, y también para evitar que alguien que verdaderamente haya sido torturado pues lo inculpen y no sea culpable. Realmente si nosotros contamos con los peritos adecuado y se sigue el protocolo de Estambul, pues ahí es donde podremos saberlo.

 

¿Actualmente el uso de la tortura sigue siendo un método utilizado por las autoridades?

 

Sí. Indudablemente sí hay malos funcionarios que emplean la tortura y eso es reprobable pero también debemos tener claro que hay quien la utilizan como un método de defensa y lo importante es diferenciar cuál si es procedente y cuál no.

 

Y sobre todo, si algún funcionario comete tortura pues más allá de separarlo del cargo debe tener una sanción penal para evitar que lo siga haciendo pero no estamos de acuerdo que las víctimas sean las únicas afectadas por el hecho de que un funcionario no haya hecho su trabajo adecuadamente, que no haya hecho una buena investigación y que además haya torturado.

 

¿También se contemplan sanciones para aquellos procesados que intenten utilizar la tortura como defensa?

 

También estamos pidiendo que se les aplique una sanción más allá del delito por el que sean juzgados. Por el hecho de echar a trabajar todo un sistema y todos los mecanismos para que resulte falso, y también a los abogados, estamos pidiendo que también los abogados sean llevados a juicio en caso de que no se pruebe la tortura, que se compruebe de que sus clientes no hubieran sido torturados.

 

Y en el caso del arraigo ¿qué opinión tiene al respecto?

 

El arraigo existe a nivel mundial con diferentes formas de llamarle pero me parece imposible que un Ministerio Público en un lapso de 48 horas pueda tener todo el caso resuelto y aportar la prueba. Me parece importante la figura del arraigo y su aplicación en ciertos casos.