El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que tras la promulgación de la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se requerirá al menos una década para que México reduzca sus alarmantes índices de corrupción.
El líder parlamentario reconoció que la entrada en vigor de este nuevo modelo anticorrupción representa un paso histórico en nuestro país, sin embargo, enfatizó que aún es necesario sumar esfuerzos en la materia, toda vez que México ocupa el lugar 103 de 177 en el ranking de las naciones con más corrupción en el mundo.
“Es tan grave la corrupción que vive nuestro país, que nos va tomar una década entera limpiar los alarmantes niveles de corrupción que padecemos (…) Si es un paso histórico el que hemos dado. Pero, que no haya ilusos, para que no haya desilusionados, nos va a tomar mucho esfuerzo combatir muchos intereses creados, muchos personajes corruptos, nos va a tomar una generación entera limpiar los alarmantes niveles de corrupción que padece nuestro país”, declaró.
Llaman a legislar 14 leyes complementarias
Leyes secundarias
Por su parte, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, expresó que una vez promulgado el cambio constitucional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, es el momento de iniciar los trabajos relativos a la legislación secundaria de esta nueva figura.
Tras la entrada en vigor de este decreto, el legislador por el estado de Guerrero recordó que se requiere la aprobación de 14 leyes que complementan a dicho órgano anticorrupción.
“Ya hubo voluntad política para la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, eso debe dar esperanza de que prevalezca para la construcción de las leyes secundarias (…) tenemos un nuevo andamiaje ahora hay que diseñar leyes como la de participación ciudadana, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y adecuar las leyes orgánicas”, señaló.
El legislador perredista enlistó entre los temas pendientes de legislar, lo que tiene que ver con cambios en la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Secretaría de la Función Pública; inteligencia financiera; declaraciones patrimoniales y de intereses; responsabilidad de personas morales; autonomía de las fiscalías locales; y el tema del fuero que no pudo avanzar dentro del paquete de cambios constitucionales aprobados por el Congreso.