Aunque los peritajes sobre el enfrentamiento entre policías federales y hombres armados del 22 de mayo pasado en Tanhuato, Michoacán, que dejó un saldo 42 civiles y un policía muertos, indicaron que no se cometieron ejecuciones extrajudiciales, la organización internacional Human Rights Watch exhortó a realizar una investigación a fondo sobre el hecho, al cual comparó con el caso Tlatlaya.
Ayer se informó que de acuerdo con la aplicación de las necropsias de ley aplicadas a los cadáveres de los presuntos sicarios, éstos habrían muerto por impactos de bala realizados a una distancia no menor de 200 metros, es decir que los impactos recibidos no se hicieron a quemarropa o corta distancia, ni el conocido “tiro de gracia”.
El reporte difundido por la Procuraduría General de Justicia del estado indicó que todos los muertos que dejó el choque en el Rancho del Sol del viernes pasado, recibieron al menos dos balazos de distintos calibres, además de que algunos cadáveres presentaron heridas a causa de esquirlas de granadas.
La versión corrobora las posturas del comisionado nacional de seguridad y el comisionado de la Policía Federal sobre el rechazo a que los efectivos federales habrían asesinados a los civiles, sin embargo, para la ONG en defensa de los derechos humanos, las autoridades mexicanas deberían llevar a cabo una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias en las que murieron las 43 personas”.
La contrastante cifra en el número de muertes por un lado 43 de lado de los supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, y un solo elemento de la Policía Federal, son parte de las observaciones que HRW indica como “duda” por verificar si los elementos se apegaron al uso de la fuerza, si ésta fue proporcional.
“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, acusó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch a través de un pronunciamiento.
Además de comparar el enfrentamiento con el caso Tlatlaya debido a las demoras y negligencias que presentan las indagatorias pues a la fecha no han sido presentados todos los militares que podrían estar involucrados, Wilkinson llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) es la para que eso no se repita.
“Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos (en Tanhuato)”, señaló el representante de HRW.
CNDH entrevistará a detenidos
Como parte de esas indagatorias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el propio ombudsman nacional se entrevistará con los tres sobrevivientes que fueron detenidos tras la refriega a fin de recabar la mayor información posible para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales, pues el organismo no ha descartado ninguna línea de investigación al respecto.
Para las diligencias que aun hasta ayer se llevan a cabo en el lugar de los hechos, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez indicó que laboran visitadores adjuntos, criminalistas, abogados, personal de la Oficina Foránea en Morelia, y médicos forenses, bajo la coordinación del Primer Visitador General, Ismael Eslava Pérez.
Vinculación de comunitarios con CJNG no es nueva
Luego de que se difundiera un video donde supuestamente se escucha un audio atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación donde se expone un acuerdo entre la organización criminal y los líderes de las autodefensas en municipios como Aguililla, Aquila, Coahuayana y Tepalcatepec, el presidente municipal de éste último, Guillermo Valencia Reyes aseguró en entrevista con 24 HORAS que en muchos casos el movimiento fue posible por el financiamiento por el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes.
Aunque indicó que casos como el extinto líder de comunitarios en Yurécuaro, Enrique Hernández, Hipólito Mora en La Ruana, o el propio Manuel Mireles en Tepalcatepec no tendrían vínculos con criminales, sí varios de los jefes que asumieron el liderazgo o aquellos que propiamente se conformaron con ayuda de los capos.
“Yo he venido diciendo desde que inició el movimiento. Sin dejar de recocer que hay gente buena en el movimiento, la realidad es que los principales líderes siempre estuvieron financiados por el CJNG”. Sobre la mención que se hace en audio sobre el trato con Juan José Farías, alias El Abuelo, integrante de la policía comunitaria en Tepalcatepec, el alcalde refirió que “El Abuelo desde que inició el movimiento fue financiado por ese cártel”.