MORELIA. Además del paro indefinido de labores iniciado en al menos 40% de los 12 mil planteles escolares de educación básica de Michoacán este lunes, miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación tomaron también de manera indefinida las oficinas de la secretaría de Educación, en el marco de las movilizaciones y boicot previas al proceso electoral.
Los centistas confirmaron que martes y miércoles tomarán los comités municipales y la sede estatal del Instituto Electoral de Michoacán.
Además, martes y viernes se contempla que el magisterio democrático emprenda marchas por los cuatro puntos cardinales de la capital michoacana, y que un contingente de la CNTE michoacana acuda a engrosar el plantón que desde hace meses mantiene el gremio en el Monumento a la Revolución, en la ciudad de México.
Juan José Ortega Madrigal, dirigente estatal de la CNTE, dejó en claro que sigue hasta el momento la decisión de boicotear la jornada electoral del 7 de junio de manera simultánea en varios estados.
“Por ser una farsa, una justificación para poner a otros personajes en los puestos desde los que puedan seguir engañando y saqueando al pueblo”, señaló.
Aunque los profesores disidentes podrían modificar esta decisión luego de que la Federación anunció este fin de semana que no habrá evaluación y de que su consigna en este particular era “si hay evaluación, no habrá elección”.
Según acusó el magisterio disidente, en voz de su líder en días pasados, esa evaluación magisterial a aplicar y que estaba calendarizada para junio, hoy echada atrás, tenía el fin de hacer despido masivo de trabajadores de la educación “como parte de su estrategia para dar paso franco a las inversiones de los capitalistas nacionales y extranjeros en las escuelas del país”.
Más la exigencia central de los democráticos sigue siendo la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de Septiembre en Iguala, Guerrero, justicia para las víctimas del actual sistema de gobierno, abrogación de la reforma educativa y del resto de las reformas estructurales, y cese inmediato “a la criminalización de la protesta social”.