PARÍS. Morir de hambre y frio una de las grandes capitales del mundo, es aún posible. Cerca de 400 refugiados fueron desalojados por la policía parisiense del campamento en el que residían desde el pasado julio, una vasta aglomeración de tiendas levantada bajo un tramo del suburbano a su paso por la Plaza de la Chapelle, en el centro-norte de París.
La operación implicó un importante despliegue policial y contó con la participación de varias organizaciones humanitarias que acompañaron a las personas evacuadas hasta la hilera de ocho autobuses habilitados para el desalojo.
“El peligro inminente de propagación de una epidemia de disentería exigía actuar”, reveló un vocero policial en declaraciones a los medios.
Horas antes, la ministra de Sanidad francesa, Marisol Touraine, advertía en la emisora “France Info” del conflicto sanitario que plantea un campamento urbano de ese volumen, un “riesgo para sus ocupantes en primer lugar”.
“El problema reside en que estamos ante un gesto a corto plazo. Se envía a estas personas a un alojamiento provisional, así que al cabo de un tiempo volverán a las calles y habrá que hacer frente a un nuevo campamento”, declaró el concejal ecologista del distrito Pascal Julien, quien supervisó el desmantelamiento.
En opinión de Julien, la ciudad de París es víctima de la “ausencia de una política estatal de inmigración”, una situación “deplorable que margina el destino de estas personas”.
En su mayoría eritreos y sudaneses, aunque también mauritanos, egipcios o tunecinos, los inmigrantes subsistían entre colchones, cartones y carpas de lona en unas “terribles condiciones de insalubridad”, según relató el director general de la ONG France Terre d’Asile, Pierre Henry.
“Lo que está en marcha no es una operación policial, sino humanitaria”, destacó Henry, quien precisó que las personas evacuadas con una petición de asilo en trámite serán alojadas en centros de acogida de larga duración, mientras que el resto ocupará “alojamientos de urgencia”.
Según datos de France Terre d’Asile, que se encarga de asesorar a los refugiados en sus demandas de asilo, hasta 103 moradores del campo desmantelado han tramitado su petición, un proceso cuya resolución puede alargarse dos años y que abandona a los demandantes a su suerte.
El resto de los refugiados, en torno a trescientas personas, contemplaban el asentamiento de la Puerta de la Chapelle como una estación de paso hacia las fronteras de Inglaterra o Alemania.
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