En materia de estado de derecho, así como factores que tienen que ver con orden y seguridad, acceso a la justicia, apertura del gobierno, entre otros, México se ubicó dentro de los países más rezagados en la materia. Sólo en el ranking de la aplicación del Estado de Derecho, ocupó la posición 79 dentro de 102 naciones evaluadas por la organización independiente Proyecto Mundial de Justicia (WJP por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el estudio, que se basó en la aplicación de una encuesta de mil personas en las tres ciudades más grandes de cada país (en el caso mexicano en el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara), en conjunto con indicadores de profesionales del Derecho y académicos, la organización multidisciplinaria determinó que el sistema de justicia penal mexicano obtuvo una calificación de 0.47.
En cuanto a los países de América Latina y el Caribe, México se ubicó, según el diagnóstico de WJP entre los seis países peor calificados, al colocarse dentro en el lugar 14 de 19 países de esa región, sólo mejor que Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, y superado por los casos de Uruguay, Costa Rica y Chile.
La metodología para medir el Estado de Derecho abarca los indicadores de: restricciones sobre los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo, la justicia civil y la justicia penal.
En esos rubros, nuestro país fue ubicado entre los cinco peores en cuanto a Orden y Seguridad, con un calificación del 0.52 en la posición 99 de los 102 países encuestados, superando sólo a Camerún y a su vez superado por Afganistán, Pakistán y Nigeria. Al respecto el estudio indica que la carencia de esos factores implica un incremento en la violencia.
“No sólo la violencia impone heridas en la sociedad, sino que también impide el logro de otros objetivos, tales como el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, y garantizar el acceso a las oportunidades y la justicia”, se acusa en el análisis.
Otro de los factores en los que se basa el estudio es en la “Ausencia de corrupción”, la cual la definen como como “el uso del poder público para beneficio privado, y una de las señales de identidad de una sociedad regida por el imperio de la ley, ya que la corrupción es una manifestación de la medida en que los funcionarios del gobierno abusan de su poder”, en la materia, México se apuntó en la posición 88, es decir sólo a 10 lugares del país peor calificado: Afganistán.
En cuanto al rubro de “Justicia civil”, indicado como el derecho social por el cual el ciudadano debe ser capaz de resolver sus quejas y obtener “derechos fundamentales” de sus instituciones encargadas de brindar seguridad y justica, la calificación obtenida ubicó al sistema mexicano entre las 10 naciones con la más baja calificación, en el lugar 93, donde Pakistán, Guatemala, Birmania, Belice, Camboya, Bolivia, Afganistán, Honduras y Venezuela completaron el listado.