La Secretaría de Gobernación ofreció a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el diseño de una evaluación magisterial que considerara la “opinión de la sociedad” y no los parámetros que fija la reforma educativa.
Lo anterior se desprende de un acuerdo entre la disidencia magisterial y autoridades de la Secretaría de Gobernación, tras una reunión a puerta cerrada celebrada el pasado lunes 1 de junio y cuya copia posee este diario.
En dicha reunión participaron integrantes de la Comisión Única Negociadora de Trabajadores de la Educación (de la CNTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) con representantes de la Segob, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava.
Entre la decena de acuerdos firmados por las partes destaca el compromiso del gobierno federal de construir una evaluación con participación social. “Se reconoce por ambas partes la necesidad de construir procesos equitativos con una amplia participación social para una evaluación educativa que atienda los rezagos y necesidades de los mexicanos”, señala el documento en el punto 5.
Este acuerdo se dio dos días después de que, el 29 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) diera a conocer un comunicado en el que anunció la suspensión indefinida de la evaluación para ingresar, mantenerse y obtener promociones en el servicio magisterial.
De acuerdo con los lineamientos y criterios de la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, creada como ley secundaria de la reforma al artículo 3 Constitucional, corresponde al INEE revisar, diseñar y aprobar todos los elementos de evaluación necesarios para el ingreso y permanencia en el servicio profesional docente.
Uno de los reclamos históricos de la CNTE desde que comenzó a discutirse y después se aprobó la reforma educativa, es la exigencia de que este examen de evaluación se construya a raíz de discusiones y foros en los que ellos lleven la prioridad y que la evaluación se haga considerando su programa del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO).
De hecho, en sus acuerdos de la Asamblea estatal los maestros rechazan “la calendarización de la evaluación punitiva del INEE”.
El pacto
En el acuerdo firmado el lunes pasado, la Segob se compromete a no remover ni cambiar de su centro de trabajo o de sus funciones a los docentes, así como “ni sufrir detrimento de su salario o remuneraciones”.
Todos estos puntos echan atrás las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGPSPD) y los objetivos de la evaluación magisterial, que señala que aquellos profesores que reprueben tres veces la evaluación de su práctica como docentes serán removidos de las aulas hacia áreas administrativas, por ejemplo.