Ya pasaron seis años desde que ocurrió el incendio en la Guardería ABC y el delito sigue impune. Desde entonces, por la PGR han pasado cinco procuradores y varios de los padres de los 49 niños que murieron ya no les creen porque cada año escuchan lo mismo.
En la administración del presidente Felipe Calderón los papás tuvieron acercamientos con Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales, y en la actual administración de Enrique Peña Nieto con Jesús Murillo Karam y Arely Gómez González.
El 27 de mayo pasado Gómez González se reunió con un grupo de familiares de las víctimas con quienes se comprometió a retomar las investigaciones en busca de que se haga justicia.
“Nos llaman de la PGR de manera conmemorativa. Cada vez que se acerca el 5 de junio empiezan a llamarnos que veamos los avances y todo lo que tratan de explicarnos en la PGR ya lo saben los papás, (éstos) van con ciertas expectativas de una nueva investigación, (pero) los delitos tienen tres días para recabar pruebas, lo que hagan después son puras vaciladas”, afirmó Lorenzo Ramos, abogado que representa a 26 familias.
El año 2009 fueron consignados por estos hechos 22 funcionarios de bajo nivel y para el año siguiente sumaban 28, pero hoy en día ninguna persona está detenida tras las rejas por el caso ABC.
La persona de más alto rango procesada es Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado del IMSS en Sonora, quien está libre por razones humanitarias porque tiene cáncer terminal.
“La justicia para el Estado mexicano hace mucho que ya se impartió en la guardería. Hasta donde querían llegar ellos ya llegaron. No están dispuestos a llevar a proceso a Eduardo Bours (gobernador de Sonora 2003-2009) no están dispuestos a llevar a proceso al que era presidente municipal de Hermosillo (Ernesto Gándara), a ninguno de los altos funcionarios públicos del Seguro Social, entonces ¿de qué hablan?
“En el primer expediente se consignó a 13 personas entre bomberos, gente de Protección Civil y empleados menores del Gobierno estatal, no figuraba ningún funcionario de alto nivel y lo más grave que ni siquiera figuraban los dueños de la guardería”, recordó el penalista en entrevista telefónica.
La conflagración comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal y se extendió a la guardería del IMSS que estaba subrogada a particulares.
Los peritajes de la Procuraduría estatal y de un equipo de peritos estadounidenses elegidos por los papás, determinó que el incendio fue por un corto circuito en un “cooler” rodeado de pilas de papeles.
El día del incendió fallecieron 28 niños y 106 resultaron heridos. El último menor falleció casi dos meses.
“No creo (que se consigne a alguien) porque realmente algo sustancial no se ha hecho. Yo le puedo decir categóricamente que la PGR no ha investigado por su cuenta absolutamente nada que no haya investigado la Procuraduría General de Gusticia del estado de Sonora.
“Lo único que hacen es platicar, dar atole con el dedo, engañar con que están haciendo esto o están haciendo lo otro, puras palabras que no están sustentadas en nada. No hay nuevo expediente”, sentenció Lorenzo Ramos.
Hoy en día la única expectativa que tienen los familiares de las víctimas es que el proceso termine, que se reclasifiquen los delitos y se establezca que hubo un dolo eventual, lo que significa que se trata de un delito grave porque no se tomaron las medidas indispensables para asegurar la integridad física de los niños.