El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y otras organizaciones sociales exigien al gobierno federal y estatal garantizar la integridad de la población de Tlapa y de las personas detenidas por la Policía Federal, luego de que ayer los uniformados irrumpieran en el municipio y causaran la muerte de un estudiante.

 

A través de un comunicado, detallón que en la tarde de este domingo, dos patrullas con al menos 24 elementos incursionaron en la colonia Tepeyac, en el municipio de Tlapa, Guerrero, para liberar a 15 agentes retenidos por colonos, dejando un saldo de un muerto y decenas de heridos.

 

Ahí, detuvieron violentamente a un grupo de maestros; seis hombres, entre ellos un menor de edad, sin ninguna orden de aprehensión.

 

Al ser testigos de la arbitrariedad de los hechos, diversos vecinos y vecinas de la colonia aledaña, salieron a las calles y comenzaron a reclamar a los policías sus actos.

 

Como respuesta a la retención, la Policía Federal desplegó un operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población lo que generó un ambiente de tensión que se prolongó hasta por dos horas.

 

Ante esto, las organizaciones urgen que se lleve a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el día 7 de junio, con especial atención a la ejecución del joven Antonio Vivar Díaz; así como procesar a las autoridades responsables de la misma.

 

La acción urgente fue enviada al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora General de la República, Arely Gómez González; a Monte Alejandro Rubido García, comisionado Nacional de Seguridad, al gobernador de la entidad, Rogelio Ortega Martínez; a. David Cienfuegos Salgado, secretario de Gobierno del Estado, al fiscal general de la entidad, Miguel Ángel Godínez Muñoz, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez; a Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

 

Así como a Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y a Emilio Álvarez Icaza-Longoria secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.