El secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, anunció la reactivación de las evaluaciones para obtener una plaza de maestro, obtener un ascenso o incluso permanecer en el puesto dentro del sistema educativo mexicano. Su suspensión, dijo, obedeció a consideraciones técnicas y políticas.
El anuncio se dio después de 10 días de guardar silencio tras el anuncio de la suspensión indefinida de las evaluaciones docentes. Esta situación generó fuertes críticas de organizaciones civiles, el gremio empresarial e incluso intelectuales quienes reclamaron a la SEP el haber violado la Constitución e invalidado la reforma educativa; incluso, exigieron la renuncia de Chuayffet Chemor.
Las dudas también apuntaban a que habían sido consideraciones electorales y no educativas las que tomaron en cuenta las autoridades para suspender la aplicación de la prueba, piedra fundamental de la reforma educativa.
Se criticó la medida como un intento de ganarse a los maestros del Sindicato nacional de maestros (el SNTE) inconformes con los exámenes y de atenuar la reacción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que intentó boicotear el proceso electoral del domingo pasado.
Sin embargo, el funcionario declinó aparecer en público, hablar sobre el tema o explicar su determinación de suspender las pruebas. Ayer, en conferencia, justificó su silencio como una “extrema discreción” por la veda electoral; también señaló que no quería desviar las discusiones del proceso democrático del domingo.
La polémica
Tras la suspensión de la evaluación, el 29 de mayo, el principal argumento de los inconformes fue que la SEP no consultó ni avisó al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) para avisar la suspensión indefinida de la prueba, lo que ocurrió el pasado 29 de mayo. La reforma, dotó al INEE con facultades constitucionales para diseñar e implementar las evaluaciones, por ello uno de los principales reclamos fue que la decisión de la SEP significó la invasión de facultades legales y la violación de su autonomía.
Ayer, exactamente 10 días después del anuncio y uno después de la jornada electoral, Chuayffet Chemor salió para dar a conocer que la evaluación tuvo que suspenderse porque autoridades educativas estatales no tenían infraestructura, computadoras ni Internet para poder aplicar los exámenes.
Ante ello, apuntó el funcionario, la SEP determinó suspender las fechas de las pruebas a los docentes de manera indefinida hasta que los gobiernos estatales, sin mencionar cuáles, resolvieran la situación.
“Es conveniente precisar que suspender no significa otra cosa más que detener o diferir por algún tiempo una acción u obra, esto lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y de ninguna manera quiere decir, como se escribió (en medios de información), cancelar, dar por terminado, el proceso de evaluación de los maestros. Los procesos de evaluación habrán de seguir durante el resto del sexenio como una herramienta fundamental de la reforma educativa”, señaló Chuayffet.
Las evaluaciones
De acuerdo con la versión oficial, una vez que los gobiernos estatales resolvieron las carencias de infraestructura, la SEP reanudó la evaluación docente, quedando para julio los exámenes para ingreso a educación básica; 15 y 16 de agosto el diagnóstico a quienes ingresaron hace un año al Servicio Profesional Docente, y de septiembre a noviembre la Evaluación del Desempeño en Educación Básica y Media Superior.
“Esta decisión se tomó con la finalidad de salvaguardar los derechos de los participantes en los concursos a nivel nacional y no se comunicó entonces al INEE porque con ello no se afectaban los elementos técnicos de la evaluación ni los calendarios establecidos por dicho Instituto, publicados desde marzo pasado”, mencionó Chuayffet.
Mexicanos Primero gana amparo
Antes de que la SEP anunciara que la evaluación magisterial sigue adelante, el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió un amparo a la organización Mexicanos Primero para obligar a la dependencia federal a aplicar las evaluaciones magisteriales.
La organización interpuso este recurso desde el martes pasado, cuatro días después de que la dependencia federal anunciara la suspensión indefinida de los exámenes para ganar o conservar una plaza magisterial.
De acuerdo con la organización civil, los congresos de los estados estaban obligados a asumir una postura ante la determinación y el INEE debía interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Poder Ejecutivo, pues la SEP no sólo invadió sus facultades, sino que también violó la Constitución.
“Ahora las autoridades deben cumplir con la suspensión decretada por el juez pues, de lo contrario, se les impondría una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”, señaló Mexicanos Primero en un comunicado de prensa.
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