GUATEMALA. El diputado opositor cuyas denuncias de corrupción dieron lugar una investigación del Congreso al presidente Otto Pérez Molina, dijo que es blanco de coacciones y amenazas desde la víspera para que desista de sus acciones.
Por su parte, miembros de la comisión encargada de investigar al presidente, también denunciaron amenazas, pero en contrario, para que despojen a Pérez Molina de su inmunidad.
“Hubo dos situaciones, me llegó información de fuentes que habrían decisiones para matarme de grupos y fuerzas dentro y paralelas al gobierno que verían afectados sus intereses, luego por la tarde una llamada telefónica en la que se me conminó a desistir de las acciones contra el presidente”, dijo el diputado Amílcar Pop vía telefónica a la Associated Press.
El diputado dijo que tiene información sobre los riesgos que podría correr su vida y que teme por él y su familia.
El sábado se realizó una manifestación para pedir la renuncia de Pérez Molina, convocada a través de redes sociales por particulares.
Por su parte, el presidente de la comisión investigadora, Baudilio Hichos, dijo vía telefónica a The Associated Press que solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos debido a las amenazas recibidas telefónicamente.
“Los cinco diputados (miembros de la comisión) recibimos llamadas telefónicas en las que nos amenazan que tenemos que votar a favor del antejuicio y que él (presidente) tiene que irse”, dijo Hichos.
Sin embargo el diputado dijo que por ahora no presentaran una denuncia ante la fiscalía.
La comisión formada la víspera por el Congreso está integrada por Hichos, así como Fernando García Mario y Juan Armando Chun, los tres del Partido Libertad Democrática Renovada; Mario Santiago Linares, del Partido Patriota, actualmente al frente del gobierno, y Hugo Morán, del Partido Creo.
La comisión se formó luego que el 10 de junio la Corte Suprema de Justicia aceptó iniciar el trámite para que se formara la comisión e investigara a Pérez Molina, tras la denuncia Pop que le acusa de tener vínculos con hechos de corrupción.
El diputado opositor basó su denuncia en dos investigaciones hechas por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente de Naciones Unidas, en la cual desarticularon dos redes de corrupción.
La primera red fue la denominada “la Línea” en la cual empresarios sobornaban a funcionarios y particulares para evadir impuestos. Según las autoridades la defraudación habría sido por millones de dólares, sin embargo aún no hay un dato exacto del monto. La defraudación se realizó a través de las aduanas del país.
Según las autoridades Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, lideraba dicha estructura. Baldetti, tuvo que renunciar tras resultar vinculada en las investigaciones, aunque ha negado su presunta participación.
El segundo caso fue un fraude ocurrido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, en el cual directivos de la institución otorgaron un contrato a Droguería Pisa S.A., por 15 millones de dólares, para que esta suministrara servicios médicos a pacientes renales bajo pago de comisiones. Dicha empresa carecía de licencia de salud y tras el inicio de proveer los servicios al menos 13 pacientes fallecieron.
Comisión seguirá su labor pese a amenazas
Los cinco diputados que conforman la Comisión Pesquisidora seguirán con su trabajo pese a estar “preocupados” por amenazas recientes.
Así lo explicó a Efe el presidente de la comisión, Baudilio Hichos, diputado de la mayor agrupación de la oposición en el Parlamento, el partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
Preguntado sobre si los miembros de la comisión tenían miedo, Hichos dijo que sí y aseguró que todos están “preocupados” por esta situación.
Cuestionado por si existen sospechas de donde pueden venir dichas amenazas, el presidente de la comisión respondió que “no” y que dejarán que el Ministerio Público haga la investigación oportuna para determinar su origen.
A pesar de las intimidaciones, Hichos aseveró: “Nosotros haremos nuestro trabajo y lo vamos a hacer apegado a la ley”.
Aun así, lamentó que todavía no hayan recibido el expediente del caso, el cual volvieron a solicitar de parte de la junta directiva del Congreso, y aseguró que esperan iniciar sus labores la próxima semana escuchando, primero, a la parte denunciante, el diputado de la bancada opositora Winaq, Amílcar Pop.
Además, solicitó a la población que les den el tiempo necesario para realizar la evaluación de manera “responsable” debido a la trascendencia del asunto, y avanzó que los medios de comunicación podrán dar seguimiento de cerca al caso. (Con información de AP y EFE)