A una semana de su liberación, Gisela Peraza Villa, quien permaneció encarcelada durante 4 años por presuntas órdenes del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, vive aterrada, no puede dormir y teme salir a la calle.
“(El arresto) me cayó completamente de sorpresa“, platica vía telefónica desde la casa de su hermana Delma en Hermosillo, Sonora, “Ni me lo imaginaba, ellos me querían mucho y yo también“.
El resultado de los 4 años de encierro en tres diferentes cárceles de la entidad es una Gisela más fuerte, señala, pero también una joven que no ha encontrado la esperanza de que su vida pueda mejorar, que teme salir a la calle porque siente que, mientras Guillermo Padrés siga siendo gobernador, vivirá amenazada.
“Los primeros días (me sentía) muy bien, ahorita se me hace muy difícil el salir. No me siento segura, siento que corro peligro yo y mi familia. Últimamente no he podido dormir muy bien, no puedo estar allá afuera. Me han recomendado una terapia porque no puedo estar mucho tiempo así, tengo que empezar a rehacer mi vida”.
Sus amigos y familia intentan que conserve el ánimo, buscan infructuosamente a la muchacha risueña y alegre que era, tratan de convencerla de que lo mejor está por venir. Gisela Peraza ríe un poco para la gente que la quiere y mucho más cuando está nerviosa o se siente observada, según platica su abogado, José Antonio Ortega.
Desde que la liberaron (el 9 de junio) no ha podido dormir, apenas logra conciliar el sueño; despierta en sobresalto preparada para el pase de lista de la prisión, tiene pesadillas y siente que la están siguiendo; eso fue lo que dejaron cuatro años de encierro y tortura sistemáticas presuntamente ordenadas por el gobernador de Sonora.
La mujer, quien hoy tiene 30 años, fue ama de llaves de la familia Padrés durante siete e incluso vivía con ellos; entre sus labores estaba cuidar a los hijos de la pareja conformada por Guillermo Padrés e Iveth Dagnino Acuña.
Hija de campesinos que emigraron a la ciudad de Hermosillo, Gisela llegó con los Padrés gracias a una agencia que la empleó y la recomendó con ellos. Tendría unos 19 años y el hoy gobernador panista era subdelegado de la Sagarpa en la administración del ex presidente Vicente Fox.
Su vida era “normal” y se podría decir que hasta feliz. En múltiples fotos de esos tiempos, aparece una Gisela sonriente posando para la cámara en la playa o en las pirámides de Teotihuacán. Estaba contenta con su trabajo y les había tomado estima a sus jefes, ellos incluso también “la querían”, dice ahora.
Las cosas cambiaron el domingo 13 de marzo de 2011 y Gisela se vio atrapada en una vorágine de eventos que ocurrían uno tras de otro, sin que ella pudiera entender bien a bien qué estaba pasando.
Una noche sus jefes la acusaron de robar una maleta con dinero y joyas, le quitaron sus teléfonos, la encerraron en su cuarto en la Casa de Gobierno y le pusieron un guardia para que no se saliera.
Al día siguiente, policías llegaron por ella, la esposaron y se la llevaron; según la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue interrogada, golpeada e insultada para que aceptara el robo; también la amenazaron con hacerle daño a su familia.
Gisela estuvo retenida en las instalaciones de la Policía Estatal por cuatro días sin que su familia supiera dónde estaba; antes de liberarla, le enseñaron un documento firmado por el jefe de seguridad del Gobernador que sostenía que “había sido vista saliendo de su habitación con actitud sospechosa y portando un bulto, por lo que la revisaron y encontraron diez mil pesos en efectivo”.
Gisela levantó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora contra los policías estatales, acusando abuso de autoridad, detención ilegal y tortura. Como prueba, mostró sus pies lastimados y llenos de moretones: le habían pegado con tablas mojadas. El organismo desestimó las pruebas y la denuncia.
El 5 de abril la volvieron a detener policías estatales, quienes según la CNDH, “la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y le echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado”. La arraigaron en un hotel, pero antes los agentes estatales volvieron a torturarla.
Finalmente, Gisela aceptó su culpabilidad en el robo.
Cuando fue internada en el Cereso I de Hermosillo en mayo de 2011, parecía que todos le habían dado la espalda.
De acuerdo con lo que confirmó personal de la Barra de Abogados de Sonora, “nadie quiso tomar el caso”, los periódicos locales pronto dejaron de tocar el tema y la CEDH de Sonora dejó de investigar, según consta en la recomendación que emitió la CNDH el 13 de octubre de 2013 al gobierno de Guillermo Padrés.
La pregunta que ronda en la cabeza de su abogado, defensores de Derechos Humanos, y su familia: ¿qué sabía o qué vio Gisela que el gobernador decidió con tanta determinación aprehenderla, torturarla y mantenerla encerrada?
“Lo que sepa esa pobre muchacha no lo va a decir“, señala su abogado José Antonio Ortega, “está mal psicológicamente, vive con mucho miedo“.
Fue trasladada a tres centros penitenciarios durante ese tiempo y sólo se logró la intervención de la CNDH cuando diputados federales del PRI le solicitaron que atrajera el caso. Al final, la condena por el presunto robo de una maleta con 450 mil pesos y 150 mil más en joyas quedó en 4 años.
Según la versión de su abogado, unas semanas antes de que el juez del Juzgado Octavo que llevó su caso la liberara bajo protesta de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, recibió una visita extraña en el penal de Hermosillo.
Un “licenciado” se presentó con ella acompañado de Ricardo Ornelas, coordinador estatal de los centros penitenciarios, para ofrecerle su libertad inmediata a cambio de que se fuera del estado por seis meses y no hablara con la prensa.
Gisela se negó porque tenía miedo de que el gobernador la mandara desaparecer. Luego, un día antes de su liberación, programada para el 2 de junio, en una redada sorpresa los custodios del penal encontraron en su celda cinco sobres de la droga crystal.
Su abogado, Juan Antonio Ortega, acusó al coordinador de los Centros Penitenciarios de haberle plantado la droga para que no saliera.
La presión fue mucha, la encabezaron organizaciones no gubernamentales y los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados. Faltaron pruebas y el 8 de junio (después de que se confirmó la derrota de Javier Gándara Magaña candidato del PAN a la gubernatura) Gisela fue liberada.
La presión pública que ejerció el PRI, encabezada por el coordinador en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en Sonora propiciaron la liberación de Gisela Peraza, quien estuvo presa durante cuatro años por una acusación de Guillermo Padrés por robo de joyas y dinero.
“Yo no sé si algún día los voy a poder perdonar. Ahora todo lo que les digo a la gente que conozco, a mis amistades, es que nunca trabajen con gente del gobierno. No son de confiar”.
Buscarán indemnización
Aunque el proceso contra Gisela Peraza Villa todavía no termina, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) apeló su liberación y exige una condena de 10 años en contra de la joven, su abogado se mantiene positivo y adelanta que buscará indemnización.
“No todo tiene que terminar aquí, son demasiados actos y abusos en contra de la ley. Mi interés es que después de todo se castigue a los que cometieron todas las faltas en perjuicio de ella y se le repare en cualquier forma los daños ocasionados, porque para mí esta muchacha quedó afectada psicológicamente”, mencionó Juan Antonio Ortega.
Además, la familia Peraza Villa también quedó en una situación económica adversa: sus padres, campesinos de oficio, tuvieron que ir vendiendo poco a poco sus parcelas para pagarles sus sueldos a los cinco abogados que los dejaron botados en el proceso.
Delma, quien tiene un puesto de Hot-Dogs en Hermosillo, ayudó a su hermana para que tuviera dinero dentro de la cárcel y cuando menos no le faltara el alimento y lo básico dentro de prisión. DM
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