No es noticia que empresas de movilidad privada como UBER o Cabify estén dispuestas al diálogo con las autoridades capitalinas y con las mafias que históricamente han vivido de sangrar a los taxistas, con el fin de lograr una regulación justa en el tema.
Lo verdaderamente novedoso sería si todo fuera al revés, es decir que los líderes de los taxistas, quienes ven perder su poder político y económico ante modelos de negocio basados en tecnología, se dijeran dispuestos a incorporar las mejores prácticas de los empresarios para evolucionar su deficiente servicio de taxi.
Para empezar el modelo de UBER y Cabify no es de taxi. Es un servicio de transporte privado que lo puede contratar quien así lo desee, es algo así como contratar un chofer. Que es elitista, pues sí, sin duda lo es. No cualquiera puede pagarlo así como no cualquiera puede pagar las tarifas de un taxi de sitio -el cual bajo el mismo principio cargaría el mismo pecado sobre su espalda-.
Se trata de negocios soportados en un modelo vanguardista basado en la tecnología GPS y de conectividad móvil para satisfacer la demanda de un mercado que queremos un servicio de movilidad eficiente, seguro y digno. Con protocolos de educación y civismo mínimos que permitan vivir una experiencia de traslado lo más placentera posible.
El diálogo de marras convocado por la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal (Semovi) debería forzar a los líderes de los taxistas a evolucionar su servicio, a incorporar prácticas de transparencia y cumplimiento fiscal y a protocolizar la aplicación de exámenes a los choferes -sí, incluido el de la imagen personal-.
No es lo mismo ser una persona con necesidad de trabajar con ser un individuo desaliñado y de hábitos grotescos. La Semovi en este diálogo debería ser presionada para que obligue a las autoridades de tránsito a hacer valer el reglamento y poner en cintura a todos esos taxis que hacen hasta tercera fila en las estaciones de metro para abordar gente.
En esta mesa de diálogo también debería de haber gente de planeación urbana del Gobierno del Distrito Federal para ver cómo se puede aprovechar esta coyuntura para adoptar políticas que desincentiven el uso del automóvil: Un ejecutivo puede usar UBER Black para sus juntas y dejar de usar su auto, las empresas podrían tener una prestación para gerentes o empleados clave para que vayan al trabajo en UBER de sus casas a un Centro de Transferencia Modal (Cetram) limpio, moderno sin ambulantes…
Un verdadero Jefe de Gobierno interesado en pronunciarse como interesado en ser candidato a la presidencia de la República, como Miguel Ángel Mancera Espinosa, mínimamente deberían echar a andar ideas que se traduzcan en soluciones para los ciudadanos que, además de tener impacto social ayuden a terminar con la perniciosas mafias como la de los taxistas, ambulantes, la basura…
La Ciudad de México luce un paisaje urbano de abandono. Las banquetas rotas y sin pintar, las guarniciones de las avenidas y pasos a desnivel decolorados, oxidados, viejos. Calles sucias, polvosas, colonias populares grises y olvidadas, áreas verdes abandonadas… Todo invadido por la plaga del graffiti, máximo homenaje a la impunidad, inseguridad, delincuencia…
En cualquier parte del mundo -mínimamente civilizado- un alcalde con ese reporte de resultados sería enjuiciado. Y si se atreviera a autodestaparse como candidato a la presidencia de su país sería demolido social y políticamente.
El Jefe de Gobierno o no se ha percatado que la ciudadanía demanda de él soluciones eficientes que eleven la calidad de vida en la Ciudad de México y acaben con las mafias de la corrupción e impunidad, o erróneamente cree que la indolencia social ante el escándalo sigue siendo lucrativa para el viejo político mexicano.