Cada vez más integrantes del crimen organizado han interpuesto amparos para evitar ser extraditados a Estados Unidos, bajo el argumento de que se violenta sus derechos humanos debido a que en el vecino país pueden enfrentar cadena perpetua y la pena de muerte.

 

En días anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó pronunciarse respecto a un amparo promovido por un presunto líder narcotraficante, en contra de los tratados internacionales de extradición entre México y EU.

 

La SCJN se reservó de entrar en el debate por la falta de proporcionalidad entre las leyes de ambos países y regresó  al Tribunal Colegiado el amparo 971/2014 que promovió Alfredo Andrade Parra, uno de los presuntos líderes de “Los Zetas”, quien enfrenta una orden de extradición.

 

En la demanda de amparo el procesado argumentó que la pretensión de EU de imponerle prisión vitalicia es “inhumana y desproporcional” con relación a los delitos por los cuales se le pretende juzgar en el vecino país, pues la cadena perpetua no está contemplada en las leyes mexicanas.

 

El quejoso enfrenta cargos en la Corte Federal de Distrito Oeste de Texas como parte  del proceso DR08-CR-232, por el delito de asociación delictuosa para poseer mil kilogramos o más de marihuana con la intención de distribuirla.

 

Un ejemplo de esta táctica legal es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, quien ha argumentado que al ser extraditado podría serle aplicada la pena de muerte, permitida en Texas, donde tiene pendiente un ordenamiento.

 

En la demanda 1233/2014, presentada ante el  Juzgado 13 de Distrito de Amparo Penal,  el capo mexicano denuncia la presunta actitud  “antipatriota y autoritaria” de las autoridades mexicanas sí permiten su traslado a los EU, donde será recluido en “cárceles secretas”, sometido a “abominables torturas” para obtener confesiones sobre acusaciones que le harán “testigos falsos”, y con ello, hacerse acreedor a la pena capital.

 

La presunción de Guzmán Loera se basa en diversas declaraciones públicas de autoridades diplomáticas y de procuración de justicia norteamericanas, quienes, según dijo en su demanda, han manifestado públicamente que no permitirán que El Chapo salga de la cárcel por lo que le resta de vida.

 

Cabe recordar que las  Cortes de California, Nuevo México, Texas, Illinois, Arizona  y Nueva York cuentan con al menos seis ordenamientos en contra de Guzmán Loera por diversos delitos, entre ellos conspiración para la introducción de cocaína y marihuana a los Estados Unidos, lavado de dinero, narcotráfico.

 

Además de crímenes de conspiración para el lavado de dinero; posesión de armas de fuego en apoyo de delitos de tráfico de drogas; asesinato en cumplimiento de una empresa criminal y secuestro.

 

Otro de los líderes del crimen organizado que han sido beneficiados con el amparo para evitar el  traslado a los Estados Unidos es  José Antonio Torres Marrufo, El Marrufo o El Jaguar, presunto líder de los escuadrones de la muerte de Joaquín Guzmán Loera.

 

El procesado recibió la protección de la justicia federal por la orden de extradición en su contra a los EU donde enfrenta cargos por secuestro, homicidio en agravio de dos ciudadanos estadounidenses, así como delincuencia organizada, y tráfico de drogas.

 

Cabe destacar que el fundamento para haberle otorgado el amparo, y la suspensión de la orden de traslado, fue que la Secretaria de Relaciones Exteriores omitió notificar a las autoridades penitenciarias y al procesado en el momento en que se concedió la extradición.

 

Pero también manifestó su temor que, al ser traslado a la Unión Americana, sea ejecutado, pues la Corte de Texas castiga el homicidio y secuestro de ciudadanos estadounidenses con la pena de muerte,  pues es coacusado de Guzmán Loera por el delito de homicidio y secuestro de dos ciudadanos norteamericanos.