La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, demandó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, que podrían ser despedidos, como parte de las medidas de austeridad anunciadas por la petrolera.

 

A partir del recorte presupuestal a Pemex, de 62 mil millones de pesos -equivalente al 11.5 por ciento del total de su gasto anual-, que provocará el despido de trabajadores, los legisladores pidieron a Pemex, que todas las decisiones que sean tomadas en esa empresa tengan el menor impacto en términos de despido de personal y que se respete en todo momento los derechos laborales.

 

Senadores y diputados también solicitaron a la empresa productiva del Estado, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe sobre los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, en particular de los ajustes de la plantilla laboral que, como consecuencia de los recortes presupuestales, haya hecho o tenga pensado hacer.

 

En el dictamen que se aprobó sin discusión, se menciona que en el análisis de la reforma constitucional en materia energética, durante 2013 y 2014, el gobierno federal sostuvo que con esta enmienda se tendrían, entre otros beneficios la creación de 500 mil nuevos empleos, sin embargo se advierte, más de 10 mil empleados contratados por outsourcing han dejado de laborar desde el 1 enero de este año y se espera que otros 60 mil sean despedidos en los próximos meses.

 

En tanto, a través de otro punto de acuerdo, el Pleno pidió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a Pemex que garanticen que las actividades para el desarrollo de la industria petrolera se realicen con pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras.

 

Para ello afirmaron, es preciso establecer un procedimiento en el cual el Estado asegurará la ejecución de proyectos para la obtención de mayores ingresos en la extracción de petróleo y gas, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los dueños o poseedores de los terrenos en que se lleven a cabo estas actividades.