La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó por unanimidad la parte de la reforma educativa que establece que aquellos profesores que no se sometan a las evaluaciones obligatorias y programas regularización serán separados de su cargo (aunque cuenten con la plaza vitalicia), sin ninguna responsabilidad legal y administrativa para el Estado.
Con base al artículo octavo y noveno transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se estableció que los profesores con contrato definitivo o plaza vitalicia, así como los de contrato provisional o eventual que se nieguen a ser sometidos a la evaluación o regularización serán despedidos.
Sin embargo mentores que tengan una plaza definitiva y que sí se hayan sometido a la evaluación, aunque reprueben todos los exámenes no serán despedidos, aunque ya no podrán presentarse ante un grupo a impartir clase.
Estos profesores serán destinados a otras tareas de índole administrativo, o reubicados en otras áreas, pero su sueldo seguirá integro, sin ninguna merma.
Mientras que los maestros con plazas provisionales no contarán con ninguna de las facilidades y en caso de no presentarse a las evaluaciones, no acreditar los programas de regularización o reprobar tres evaluaciones ya no tendrán derecho a dar clases.
El artículo noveno transitorio de la Reforma, en su parte final, dice que será separado de su cargo cuando no quiera someterse a los procesos de evaluación, que no se incorpore al programa de regularización, y tenga resultados insuficientes será separado de su cargo.
Irrumpen en la sesión
Al continuar con la resolución de los amparos que interpusieron trabajadores docentes en contra de la reforma educativa, dos mujeres que se acreditaron como maestras presentaron dos pancartas durante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo respeto a los derechos humanos.
Ayer durante el pleno de la SCJN, cuando se discutían los agravios pendientes del amparo 295/2014 presentados por los disidentes, dos maestras que permanecían sentadas en el área para el público dentro de salón de plenos, repentinamente desplegaron dos mantas en las que pedían a los ministros imparcialidad al momento de decidir sobre los juicios de los maestros.
En una de las pancartas se pudo leer: “SCJ estas obligada a respetar los derechos humanos…”.
Posteriormente, personal de seguridad pretendió despojar a las inconformes de sus pancartas, además de retirarlas del salón, pero el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, les ordenó que las dejaran manifestase libremente.
Ante la renuencia de los empleados de seguridad a una primera instrucción, el ministro tuvo que repetir la orden e inclusive alzar la voz para que los guardias entendieran la instrucción.
“¡Dejen que las personas se manifiesten, siempre y cuando no interfieran con el desarrollo de la sesión!”, fue la orden reiterada del ministro presidente.
Dicha situación no se prolongó más de dos minutos, posteriormente las manifestantes guardaron sus mensajes y no volvieron a mostrarlos el resto del tiempo que duró la sesión.
