Aunque se mantienen del financiamiento público, la situación patrimonial de los partidos políticos y sus dirigentes está cubierta bajo un manto de opacidad, debido a que actualmente no existen mecanismos institucionales para que declaren sus bienes.
De acuerdo con el estudio Transparencia y Rendición de Cuentas en los Partidos Políticos, realizado por Incide Social, ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni la normatividad interna de las fuerzas políticas contemplan la obligación de rendir cuentas sobre la situación patrimonial.
Por lo anterior, dicho estudio sugiere una reforma a la Ley de Partidos, donde se garantice la transparencia de los bienes muebles e inmuebles de los partidos, la declaración patrimonial de sus dirigentes y trabajadores, así como la de candidatos que compitan por un cargo de elección popular.
“Los temas asociados a los recursos (públicos y privados) que administran los partidos políticos, son aquellos que resultan más controversiales dentro de la discusión pública; situación que está explicada porque dichos tópicos son aquellos en los cuales los ciudadanos nos enfrentamos a mayor opacidad por parte de estas instituciones”, indica el estudio.
Los mexicanos, sugiere, necesitan “contar con información clara, confiable, actualizada y oportuna sobre la situación patrimonial tanto de los partidos políticos en general, como de los candidatos a cargos de elección popular”.
Transparentar la situación patrimonial de líderes de partidos “resulta fundamental para mantener a la ciudadanía informada, inhibir la percepción de opacidad y corrupción y en el agregado contribuir a la formalización democrática de las instituciones políticas en este país”.
El estudio de Incide Social resalta que “en términos normativos, ninguno de los siete partidos políticos señala normativamente la obligación de publicar las declaraciones patrimoniales de sus candidatos a cargos de elección popular”.
Además, “dicha situación también se repite en la esfera procedimental, es decir, ninguno de los siete partidos políticos describe los procesos para recolectar y publicar información” sobre la situación patrimonial de los líderes de partidos.
La opacidad en las fuerzas políticas permite que se mantengan ocultos datos como “la situación que guardan sus bienes muebles, inmuebles y materiales, así como sus ingresos y deudas, en términos procedimentales ninguno de los partidos políticos establece los procedimientos para recolectar y publicar dicha información”.
Respecto a los salarios de dirigentes partidistas, “no se establece en la normatividad alguna consideración que señale que cuando un funcionario partidista haya o esté por ocupar un cargo en la administración pública o en puestos políticos no puede seguir recibiendo un salario proveniente de los recursos del partido o viceversa”.
Además, “ninguno de los siete partidos políticos establecen normativamente las sanciones que deben aplicarse a las instancias internas que cumplan con las obligaciones de transparencia ni tampoco los procedimientos para hacer cumplir ningún tipo de sanción hacia la opacidad”.