Cuando los legisladores pretenden regular nuestra espontaneidad, humor o creatividad, antes que atender los problemas reales, algo anda mal con ellos pero también con nosotros. Por su parte, el no dimensionar su tarea, ya que todo lo que hagan o dejen de hacer le cuesta al país tiempo y dinero. Y de la nuestra, por permitir que este tipo de individuos puedan legislar.
Esto es lo que vimos hace unos días en Sonora, cuando la diputada local del PVEM, Selma Guadalupe Gómez Cabrera (#LadyMemes), propuso que la “imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento”, ya que puede suponer “un daño injustificado a la dignidad humana”. La propuesta no menciona específicamente a los “memes”, a las redes sociales o al internet, pero utiliza expresiones como “la imagen” y “medios de comunicación social” para abarcarlos. Los paladines de la libertad de expresión reaccionaron a la brevedad, y una mezcla de justicia poética e ironía inundó el internet con “memes” de la diputada Gómez.
Ejemplos de iniciativas absurdas –tristemente- sobran. A finales de 2013, diputados locales (también en Sonora) aprobaron una nueva Ley del Registro Civil que prohibía registrar a menores con nombres denigrantes (Robocop, Escroto, Hitler, y otros, incluía el listado). La intención era buena, la ejecución no. Legislar en torno a palabras específicas es tan inútil como legislar la envidia o el viento; la censura no evita que la gente use ciertas palabras pero la concientización sí. Por fortuna, dicha ley se cambió, y ahora, en lugar de prohibir, se orienta a quien acude al Registro Civil sobre la importancia de un nombre digno.
En 2014, el senador Benjamín Robles (PRD) planteó retirar el “México” de Aeroméxico, porque, según él, la empresa tiene una mala imagen y “nada ni nadie que no represente los valores de los mexicanos debe llevar en su identidad la palabra México”. Cada paisano tiene una definición personalísima de esta esdrújula, por lo que no puede ser poseída por alguien o algo, ni mucho menos monopolizada en su uso o en su significado.
O los diputados locales del PAN que buscaban prohibir, en 2013, que los clientes de restaurantes y bares del Distrito Federal se llevaran el sobrante de su bebida para evitar accidentes. Esto sonaría sensato si no fuera que la clientela ya pagó esa bebida, y porque antes de decirle a los mexicanos que pueden o no hacer con un producto de su propiedad, es preferible dar obligatoriedad a las pruebas del “alcoholímetro” dentro de estos establecimientos, cosa que apenas en abril pasado se aprobó en la Asamblea Legislativa.
Reitero: todo lo que los legisladores hagan o dejen de hacer nos cuesta tiempo y dinero, por eso legislar sobre nimiedades es ofensivo para los mexicanos. El país tiene prisa en varios temas, pero al senador Robles –por ejemplo- le pareció más urgente apropiarse de la palabra “México”, que ayudar a liberar a su natal Oaxaca del yugo de la CNTE.
Si a los legisladores les urge proponer cualquier cosa con tal de justificar sus privilegios, exhorto a que -de una vez por todas- pasen la reforma más urgente para el Estado mexicano: la Ley contra las Iniciativas Ridículas, también conocida como la Ley Robles-Robocop.
#FueraFuero