Siete policías ministeriales de Procuraduría General del Estado de México (PGJEM) fueron señalados por su probable responsabilidad en la comisión de actos de tortura y malos tratados tras los hechos del 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya donde 22 personas murieron presuntamente en un enfrentamiento contra efectivos del Ejército.
Las órdenes de aprehensión giradas contra los elementos derivaron de las investigaciones que se emprendieron en cumplimiento de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A un año de los hechos violentos, la dependencia estatal informó que en seguimiento a la denuncia que hizo el organismo defensor de derechos humanos sobre los delitos de tortura, abuso de autoridad y falso testimonio, misma que la PGJEM inició de oficio el 30 de septiembre de 2014, en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dio lugar a que el El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, en la entidad concedieran la orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, misma que fue cumplimentada y derivado de ello fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde un Juez determinará su situación legal; mientras que tres elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la Autoridad Judicial.
De acuerdo con la autoridad, las investigaciones realizadas a la fecha han arrojado los datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos (agentes ministeriales) habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas (considerables clave en las indagatorias), con el propósito de obtener información sobre el homicidio de las 22 personas en los hechos registrados en Tlatlaya, así como la supuesta relación de éstos con el crimen organizado.
Tras diversas diligencias, las víctimas reconocieron a los servidores públicos señalados como probables responsables de actos de tortura y maltrato. Según la PGJEM, actualmente suman más de 40 servidores públicos pertenecientes al Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales que han declarado en torno a los hechos.
No se actuó con dolo
En respuesta a los señalamientos hechos por la CNDH sobre el presunto retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia que pudo haber incurrido la PGJEM en la actuación de los servidores públicos al momento de procesar el lugar de los hechos, la Procuraduría mexiquense reiteró a través de un comunicado que “la hora de llegada del personal de esta Procuraduría al lugar de los hechos obedeció, como se ha aclarado en diversas ocasiones, a tres factores:
- a) La necesidad de organizar equipos de trabajo capaces de atender un hecho de tales magnitudes; para lo cual, fue necesario reunir Peritos, Policías Ministeriales y Ministerios Públicos de Toluca, Valle de Bravo y Tejupilco.
- b) La distancia del lugar de los hechos; ya que desde Toluca son necesarias por lo menos 4 horas para completar el traslado; desde Valle de Bravo, al menos 2 horas y 30 minutos, y desde la Fiscalía Regional de Tejupilco, por lo menos una hora con 50 minutos.
- c) Las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona; ya que los reportes de elementos del Ejército señalaban el riesgo de posibles emboscadas de grupos armados en la región donde se registraron los hechos, derivado de lo sinuoso y complejo de los caminos de acceso.
Asimismo sostiene que de las declaraciones rendidas por militares ante la Procuraduría General de la República (PGR), se desprende que luego de los hechos, el personal castrense acordonó la zona, desvió el tránsito de vehículos por el lugar y al menos dos elementos del Ejército realizaron funciones de vigilancia a la entrada de la bodega, función que desempeñaron hasta que arribó personal de la PGJEM. “El personal ministerial procesó el lugar de los hechos tal y como fue encontrado una vez que arribó al sitio”, indica.
Por tal razón, se derivó que el 6 de noviembre del año pasado, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictara auto de formal prisión en contra de tres elementos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito de Alteración Ilícita del Lugar y Vestigio del Hecho Delictivo. Esa Autoridad Judicial concluyó que los tres militares antes mencionados habrían cambiado la posición de armas de fuego, así como la posición de algunos de los cuerpos.
Ante dichos señalamientos y el avance de las indagatorias, la dependencia indica que “está en total disposición de atender todos y cada uno de los aspectos que tengan que ver con posibles irregularidades dentro de las actuaciones de sus servidores públicos; por ello, se mantiene un desglose de la indagatoria para continuar con las investigaciones (…) el gobierno del Estado de México ha atendido puntualmente la recomendación 51/14, emitida por la CNDH, para lo cual, se estima que la misma se encuentra en vías de cumplimiento, al quedar satisfechos varios de los puntos señalados.
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