Ingenierías y reingenierías al Presupuesto de Egresos de la Federación ha habido muchas, recuerdan los observadores. Pero ninguna como la que pretende hacer el Ejecutivo federal para el ejercicio de 2016.

 

Olvídense si efectivamente la reorientación de los recursos públicos tendrá un mayor impacto en el bienestar de la población; que se va a proteger la economía de las familias mexicanas; que se va a hacer un uso eficiente del gasto público… y todas esas cosas bellas que prometen.

 

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Lo relevante es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende con su nueva estructura programática para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 poner un poco de orden en la Administración Pública, mediante el recorte de 22.4% de los programas presupuestarios. O sea que en lugar de mil 97 que existen en 2015, ya nada más habrá 851 el próximo año.

 

En cuanto a los ramos bajo control del gobierno federal, se realizó un análisis de los 818 programas presupuestarios con los que cuentan los Ramos Administrativos y las Entidades de Control Directo, con el fin de identificar complementariedades, similitudes y/o duplicidades en los objetivos, y llegaron a la conclusión que había que fusionar, resectorizar y eliminar una buena cantidad de programas presupuestarios para dejarlos nada más en 605.

 

Entre las fusiones destaca el Programa de Apoyo Alimentario con PROSPERA Programa de Inclusión Social. Por otro lado se propone resectorizar el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) a la Secretaría de Desarrollo Social, fusionándole el Programa de Opciones Productivas de dicha Secretaría, con el fin de articular y promover que las personas en situación de pobreza cuenten, en una sola instancia, con acceso a recursos que les permitan desarrollar proyectos sustentables y productivos.

 

Se crea el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, orientado a atender el desequilibrio regional, disparidades de niveles de producción y bienestar de la población rural, focalizando recursos a la productividad de pequeñas unidades de producción, de subsistencia o autoconsumo para que en el mediano plazo puedan migrar a una agricultura que genere excedentes comercializables de pequeña escala.

 

Eso y más, mucho más se pretende con la nueva reingeniería que será aplicada bajo el esquema de “presupuesto base cero”.

 

¡Vamos a ver que dicen los legisladores!, por lo pronto, se reconoce el esfuerzo del Ejecutivo federal.

 

AGENDA PREVIA

 

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el martes pasado por unanimidad el dictamen de un punto de acuerdo promovido por el diputado Juan Pablo Adame, mediante el cual pide al IFT resolver el tema de la desagregación efectiva de la red del agente preponderante. El lunes, la Tercera Comisión de ese órgano legislativo, presidida por el senador Ernesto Cordero, ya había dado luz verde al dictamen en cuestión.

 

Llama la atención que apenas Adame anunció el pasado 17 de junio su intención de iniciar ese procedimiento, a fin de recordarle al IFT que tenía una tarea pendiente derivada de la reforma constitucional, se registraron algunas filtraciones periodísticas en las que se señalaba que era inminente que el IFT resolvería este tema clave para impulsar la competencia en el sector, y lueguito, lueguito el Instituto se apresuró a difundir un comunicado para anunciarlo.

 

Parece que el IFT responde a los asuntos de su competencia cada vez que tiene presión política.

 

Mientras tanto habrá que estar atentos a lo que ocurra al término de los 60 días que el IFT dio al preponderante en telecom para que haga su oferta de referencia, a fin de que los competidores puedan acceder a su red. El tema no es menor. De hecho la comisionada Estavillo acaba de reconocer el impacto que esta medida tendrá para impulsar la competencia en el país, específicamente en lo que se conoce como el “triple play”. De ahí el interés de empresas como Axtel, Izzi, Totalplay o Megacable, que ofrecen servicios de telefonía, banda ancha y televisión restringida en algunas regiones del país.