En un hecho inédito, ayer el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pidió la renuncia a todos los integrantes de su gabinete para hacer una evaluación y decidir quién se queda y quién se va previo a su tercer informe.
Dicho análisis obedece a las críticas que han recibido algunos funcionarios de su equipo, además de que busca reconfigurar su gabinete de cara al tercer informe de gobierno en septiembre próximo y a la segunda mitad de su mandato.
En una conferencia que duró apenas un minuto con 58 segundos y en la que no se aceptaron preguntas de los reporteros, Mancera Espinosa dijo: “he solicitado estas renuncias a fin de poder analizar, evaluar a la mitad del ejercicio de gobierno, el cumplimiento de las tareas, de las metas, de los compromisos sobre todo con la ciudadanía”.
Puntualizó que él análisis lo hará él personalmente “en todas y cada una de las tareas que están involucradas en el gabinete legal y algunas que abarcarán de manera particular hacia el gabinete ampliado en el proceso de evaluación”.
Los resultados de las remociones y nuevos nombramientos estarán, dijo, “muy seguramente próximos al (tercer) Informe de Gobierno”, que se realiza en septiembre próximo, una vez que se instale la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En la cuerda floja
Sin embargo, no todos los miembros del gabinete cargan con el peso de las críticas, un caso particular es el del secretario de Gobierno, Héctor Serrano, criticado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de haber intervenido en las pasadas elecciones.
De hecho, no sólo Morena pidió la renuncia de Serrano Cortés, también el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hasta el propio coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Barbosa.
También el secretario de Movilidad, Rufino León Tovar, fue criticado por el conflicto entre los taxis concesionados y el servicio de transporte por medio de aplicaciones; incluso el funcionario hizo quedar mal al Gobierno capitalino por anunciar operativos contra Uber y al siguiente día retractarse.
Otro caso es el del director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Joel Ortega, a quien se le señala de usar el tema de la Línea 12 como venganza política contra el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard; además de que fue muy criticado por aumentar el precio del boleto del Metro.
Quien también estaría en la cuerda floja es la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez, señalado por algunos candidatos del PRD de haber operado a favor de Morena en las pasadas elecciones a través de los programas que concentra la dependencia.
En un caso similar se encuentra la secretaria de Educación, Mara Robles Villaseñor, a quien se le señaló por haber tolerado que funcionarios de la dependencia apoyaran a los candidatos de Morena.
Antecedentes de corrupción
El gabinete de Miguel Ángel Mancera no ha estado exento de polémica, pues al menos dos funcionarios de primer nivel han estado envueltos en casos de presunta corrupción, por lo cual son investigados por la Contraloría General del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Se trata de Alfredo Hernández, ex secretario de Obras y Servicios, quien fue señalado en marzo pasado de otorgar contratos para la compra de luminarias a una empresa en la que trabaja su esposa.
El mismo día en que se reveló el caso de presunta corrupción al interior de la Secretaría de Obras y Servicios, el jefe de Gobierno solicitó a Alfredo Hernández separarse del cargo para facilitar las indagatorias de la Contraloría y la Fiscalía para la Investigación de Delito Cometidos por Servidores Públicos.
En la misma situación está el ex Oficial Mayor del Gobierno capitalino, Édgar Abraham González Rojas, quien en octubre pasado fue señalado por presuntamente haber comprado llantas con sobreprecio para beneficio personal.
El escándalo se destapó a partir de unos audios filtrados en redes sociales en los que se escuchaba una llamada telefónica entre González Rojas y otra persona en la que afinaban los detalles para la adquisición amañada.
Tras la polémica, que llegó incluso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) donde el PRD frenó en tres ocasiones la creación de una Comisión Investigadora, González Rojas renunció el 14 de octubre.
Sin embargo, como publicó 24 HORAS el lunes pasado, a ocho meses de que se destaparon los escándalos por presunta corrupción en el gabinete del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a la fecha no hay sanción administrativa ni penal en contra de los ahora ex funcionarios.
Lo anterior aun cuando el propio Mancera Espinosa ha presentado instrumentos para abatir la corrupción gubernamental, como la Política para Prevenir y Sancionar el Conflicto de Intereses o los Lineamientos para un Gobierno Eficaz.
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