En el caso Tlatalaya, las operaciones castrenses se ajustan a la ley, buscan proteger a la población y privilegiar el respeto a los derechos humanos, aseguró la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
A través de un comunicado, la dependencia se pronunció respecto al infome del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh) en donde se afirma que la orden a las tropas de la base de operaciones militares San Antonio del Rosario era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El documento titulado “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, presentado el jueves, indica que tras un amparo consiguieron la orden de operaciones general de operaciones y de relevo del 102 Batallón de Infantería del 22 Batallón del 11 de junio de 2014, la cual dice: “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Ante esto, la Sedena reconoció que dicho documento contiene instrucciones operativas para el relevo de esa base militar asentada en el Estado de México, entidad donde, el 30 de junio de 2014, militares presuntamente ejecutaron extrajudicialmente a civiles armados en el Municipio de Tlatlaya.
La dependencia respondió que “mediante 38 indicaciones busca proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.
“La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales”
“Las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares”.
La Sedena también citó que el documento ordena a los efectivos actuar de “forma contundente y conforme a derecho”, observando en todo momento la ley contra la tortura.
“Del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos”, finalizó.
DEC