Tras admitir el trámite de concurso mercantil en contra de la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea por el juez décimo cuarto de distrito en materia civil, éste dictó medidas precautorias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que se conserven todos los bienes inmuebles de este entidad.

 

Guillermo campos, juez décimo cuarto de distrito en materia civil dijo que se consideró que los promoventes, en su calidad de acreedores, cuentan con legitimación para demandar la declaración de concurso que pretenden como derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia.

 

El pasado mes de mayo, le negaron la solicitud que interpusieron 36 ahorradores de Ficrea, bajo el argumento que era la CNBV la entidad competente para realizar el concurso mercantil, pero los afectados interpusieron un recursos de revocación y el juez pudo reingresar el caso.

 

El esquema de concurso mercantil es una de las vías jurídicas por las cuales las empresas pueden acceder cuando tienen vencidas el 35% de sus obligaciones o que no tengan activos para cubrir 80% de sus obligaciones vencidas.

 

En el artículo 21de la ley de Concurso Mercantil señala que ésta la pueden presentar un acreedor o grupo de acreedores y el ministerio público, mientras que de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, lo pueden hacer también el Comité de Protección al Ahorro.

 

De esta manera, con esta medida, existe la posibilidad de que los más de seis mil ahorradores defraudados por Ficrea, por dos mil 700 millones de pesos, puedan recuperar su dinero mediante esta figura.

 

En días pasados, los ahorradores afectados del caso Ficrea dijeron que el problema no se resuelve con el pago de Seguro de Protección, esto como crítica a la decisión que emitió la CNBV de “pretender presentar el problema como resuelto cuando no es así y el pago del seguro es apenas una parcialidad del dinero que les adeudan”.

 

Adrián González, representante de los ahorradores expresó que no aceptarán ninguna solución por parte del gobierno si no es la de salvaguardar los derechos económicos y jurídicos de todos los ahorradores.