La policía arrestó el jueves al yerno del presidente Otto Pérez Molina acusado de tráfico influencias.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ordenaron el arresto de varias personas sindicadas de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho para favorecer a una empresa de generación de energía.
Gustavo Martínez se desempeñó como secretario general de la presidencia de su suegro y abandonó el cargo a finales de mayo, tras desatarse varios escándalos de corrupción vinculados al gobierno.
Según la investigación de la Comisión, Martínez favoreció a la empresa Jaguar Energy, para que operara sin ningún problema a cambio de recibir comisiones.
Pérez Molina también enfrenta un proceso de retiro de inmunidad por este caso. La Corte de Constitucionalidad permitió que una comisión del Congreso lo investigue. La comisión ha entregado al pleno un informe en el cual recomendó retirarle la inmunidad al jefe de Estado que ahora debe ser evaluado por el Congreso, que tendrá la decisión.
El mandatario ha sido denunciado por el diputado opositor de izquierda Amílcar Pop, quién lo vincula con una red para evadir al fisco y un fraude en el sistema del seguro social por 15 millones de dólares en la contratación de una empresa para servicios médicos para pacientes renales.
Según escuchas telefónicas funcionarios del Seguro Social habrían recibido comisiones por adjudicar el contrato.
El presidente ha negado tener participación en ambos casos.
La policía también detuvo a el exministro de Energía y Minas Edwin Rodas, quién habría recibido comisiones y beneficios por otorgar permisos de operación de la compañía de energía.
Otras cuatro personas fueron arrestadas, la fiscalía los acusa de los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala es un ente de las Naciones Unidas encargado de investigar aparatos clandestinos incrustados en las instituciones del Estado.
Junto con la fiscalía ha desnudado escándalos de corrupción en los tres poderes del Estado y ha puesto al descubierto la corrupción también en el sector empresarial.
La fiscalía aún tiene pendientes de ejecución varias órdenes de captura por lo que ha declarado en reserva el expediente.
En abril la fiscalía y la comisión desbarataron una red de defraudación aduanera que desfalcó al fisco por millones de dólares.
Según las autoridades, la red estaba liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, quien tuvo que renunciar al cargo.
A pesar de que Baldetti negó cualquier vínculo con el escándalo, la justicia ordenó el embargo de sus propiedades y cuentas bancarias y le dictó una prohibición de salida del país. Estados Unidos, por su parte, le retiró la visa y la de su familia.
La red, denominada “la línea”, fue descubierta a través de 66.000 escuchas telefónicas que determinaron cómo se ofrecía a empresarios el pago de sobornos a cambio de evadir impuestos. Por el caso hay por lo menos 10 empresarios y más de 25 particulares detenidos.