La incidencia de robos de hidrocarburos en el país se ve acrecentada principalmente por dos frentes: los hurtos que hace el crimen organizado, y aquellos que cometen los propios empleados y ex empleados de Petróleos Mexicanos. Para la doctora Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, resulta evidente la carencia de mecanismos de supervisión por parte de la paraestatal para abatir el delito.

 

“Es un fenómeno mixto en el que el robo (de hidrocarburos) tiene por un lado un componente interno, y por el otro definitivamente un asunto de crimen organizado. En la parte interna no sólo son las tomas clandestinas, dicho sea de paso que el operar esas tomas no es trivial, no se trata de poner una manguera en un tubo sino se requiere un conocimiento técnico que va más allá del general”, advirtió.

 

Con un incremento de casi el 60% en el hallazgo de tomas clandestinas a nivel nacional durante el primer trimestre de año con respecto a 2014, y una incidencia de al menos siete casos de “ordeña” por día, el delito se ve trastocado también por la carencia de mecanismos que eviten el llamado ‘robo hormiga’ por parte del mismo personal de la empresa.

 

En cuanto al robo de los mismo empleados o ex empleados, la especialista apuntó que se tiene registro también de pipas que son adulteradas, “digamos vaciadas fuera del destino y son fraudulentamente cargadas con agua para pasar los registros” (…) Estamos frente a un fenómeno delictivo que tiene componentes de ambas visiones, desde el interior y otra parte, es decir un robo externo que están buscando el producto”.

 

Para Armenta Fraire, entre las principales causas de esta alta incidencia se derivan de la ausencia o falta de efectividad de los mecanismos internos, así como la carencia de organización y trabajo conjunto entre las autoridades para detectar el fenómeno que en la mayoría de los casos resulta evidente en la población. “O los mecanismos no son suficientes o no se están practicando de la manera correcta”.

 

Como ejemplo apuntó que “resulta muy extraño que en poblaciones pequeñas la gente, digamos el común de alguien en la calle pueda indicar en dónde conseguir combustible a menor precio que en la gasolinera, y cuando eso pasa en lo primero que uno piensa es ¿qué, la autoridad no se da cuenta?”.

 

“Más que esbozar una estrategia, lo que se hace visible es que la supervisión no es efectiva, que el combate se enuncia pero se practica poco, y que no hay una alianza con los distintos niveles de gobierno. Si a nivel popular son procesos que se conocen, pues yo creo que las autoridades locales, regionales, y estatales tendrían que conocer los procesos, y a su vez favorecer una coordinación, al final de cuenta parece que el fraude es a una empresa pero en realidad nos afectada a todos”, advirtió.