Efectivamente, la fuga, one more time, aunque ahora de un penal de máxima seguridad, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es humillante, indignante para la sociedad, y una afrenta para el Estado mexicano, como dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto.
Y aunque el primer mandatario confía “en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación, para reaprehender a este delincuente”, resulta altamente preocupante que en esas instituciones la corrupción siga imperando.
El Presidente dio indicaciones a la procuradora General de la República para que haga una investigación a fondo, a fin de determinar si ha habido servidores públicos del penal que hayan estado involucrados en esta fuga.
“Pero está en chino” justificar esa gigantesca pifia, en la que El Chapo repartió millones de pesos, apuntan los observadores. Nada más hay que echarle números: cuántas personas se necesitan para cavar un túnel de kilómetro y medio de largo, con entrada en plena zona de regaderas en el “penal de alta seguridad” del Altiplano, agregan. Y rematan: Escapes como ese, ¡Ni el Gran Houdini!
La versión oficiosa es que esta fuga va más allá: Que existen grupos interesados en desestabilizar al país. ¡Nombres, nombres!, pide la sociedad.
Igual de indignados y preocupados por la fuga de El Chapo Guzmán se dijeron los senadores del PRI, quienes también confían, como la mayoría de los mexicanos, en que las autoridades responsables lo recapturen. De igual manera “nos sumamos a la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que se lleve a cabo una profunda investigación, a fin de determinar y ubicar a quienes tuvieron cualquier tipo de participación en la fuga, sean o no servidores públicos, porque es inaceptable que el esfuerzo del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, se vea afectado por este tipo de actos de corrupción”, expresaron los legisladores.
Y mientras el Presidente de la República también instruyó al comisionado Nacional de Seguridad Pública para que entregue acciones específicas para reforzar las medidas de seguridad en los penales de máxima seguridad en nuestro país, los senadores de su partido reconocieron que el sistema penitenciario mexicano sigue teniendo vulnerabilidad, aunque confían en la capacidad de las instituciones del Estado mexicano para corregirlas, lo que está doblemente “en chino”.
AGENDA PREVIA
Ahora sí se pasó de tueste el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien antes de reunirse con el secretario de Economía el miércoles pasado para analizar la situación que atraviesan algunas empresas acereras mexicanas por “dumping” y prácticas desleales de comercio en las importaciones provenientes de China, quiso chantajear al gobierno federal con la amenaza de que si el gobierno no imponía un arancel a dichas importaciones iba a despedir a cuatro mil trabajadores.
El secretario Ildefonso Guajardo se aguantó las ganas de responderle: Mira, manito, aquí no estamos en aquel sexenio donde lo que pedías te lo daban.
¿Y cuándo fue eso?, preguntan los analistas bisoños, quienes obviamente no conocen la verdadera historia del susodicho empresario y su socio Xavier Autrey. ¡Pues cuando el gobierno les regaló Altos Hornos de México y otras empresas acereras!
Cuenta, cuenta, piden los curiosos. Pues ahí les va la historia: Altos Hornos de México (integrado por casi media docena de empresas también del gobierno), fue vendida mediante una subasta a modo, y adquirida por Xavier Autrey y Alonso Ancira -este último “amigote” de la familia Salinas, mejor dicho, “chaperón” de Cecilia y Carlitos-. Por ese conjunto de empresas pagaron 145 millones de dólares y 498 millones de dólares en inversión comprometida. En 1988, cuando Salinas “ganó” la presidencia, Alonso Ancira “no tenía ni en qué caerse muerto”, dijeron quienes lo conocían.
Esa es parte de la historia de la bonita familia del empresario.