Un juez concedió un amparo contra la incomunicación para siete empleados penitenciarios retenidos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por la fuga de Joaquín, El Chapo, Guzmán.
De acuerdo con el abogado defensor Juan Sánchez Jiménez, quien representa a dos de los retenidos, hay desconfianza hacia la actuación del Ministerio Público y considera que no se está llevando a cabo el debido proceso, porque el Comisionado de Seguridad declaró ayer domingo que los trabajadores fueron ingresados a las ocho y media de la mañana, pero el actuario del juzgado decimoquinto de amparo no encontró a estas personas en los registros de ingreso de SEIDO. A esa hora sólo estaban Ángel Martínez Mora y Miguel Ángel Hernández Amador.
“(Desconfiamos) de la imparcialidad y de la buena fe del Ministerio Público, todo está encaminado a que los quieren responsabilizar de la probable comisión del delito de delincuencia organizada. Situación que no se da porque ellos son servidores públicos y, además, la flagrancia no existe, el caso urgente tampoco porque ellos estaban en su lugar de trabajo, entonces no sabemos cómo los tienen retenidos y ahora los quieren arraigar”, sentenció el abogado en entrevista a 24 HORAS.
El recurso legal emitido por el juez decimoquinto de amparo en materia penal está a favor de Edmundo Tamayo Díaz, Ángel Martínez Mora, Juana Guadalupe Guerrero Ruiz, Agustín Vega González, Miguel Ángel Hernández Amador, Martha Espinosa Martínez y la empleada administrativa Magaly Belem Barrera Maya, añadió Sánchez Jiménez.
A la lista de personas que fueron puestas a disposición del MP de la Federación para deslindar responsabilidades se añaden Aracely Rangel, Aracely Peñaloza y Luis Humberto Flores Martínez.
La noche del domingo, los familiares de estos retenidos se quejaron de que no sabían nada de los custodios porque estaban incomunicados y sólo tenían noticias de su paradero por la información publicada en los medios de comunicación.