Doce de los trabajadores penitenciarios que estaban retenidos en la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fueron liberados ayer bajo las reservas de ley.
Los otros 22 seguían a disposición del Ministerio Público de la Federación que investiga la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Señor de los túneles
Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, y sus colaboradores más cercanos están en esta situación.
El MP reúne elementos de prueba en torno a la indagatoria por la probable responsabilidad de servidores públicos en el delito de evasión de reo.
A estas personas se les amplió el término constitucional de 48 a 96 horas para que el representante social decida si cambia su situación jurídica a la de indiciados o los deja en libertad, periodo que vence este jueves.
Las autoridades ministeriales subrayaron que la calidad jurídica de los servidores públicos es de retenidos, pues por el momento no se les puede imputar alguna conducta ilícita, por ello, y para hacer la relación de hechos entre las versiones de las personas implicadas.
Los custodios y una empleada administrativa que ya fueron liberados continúan con sus actividades normales, informó el abogado defensor Juan Sánchez Jiménez.
A los retenidos se les pidió que doblaran turno, por lo que se anunció que ayer saldrían del Cefereso para regresar a sus casas, pero se les advirtió que el representante social podría llamarlos a declarar.
“Fíjate la mecánica, los pusieron a doblar turno en el Altiplano, seguían trabajando y sin problema de detención ni de acusaciones. Están como… ni testigos, normales. No declararon, nada más les dijeron que en caso de ser necesario los iban a llamar a declarar, nada más. (La celda de El Chapo) es un área donde ni siquiera tienen contacto, ni lo conocían al señor (Joaquín Guzmán Loera), no tienen que ver nada, afirmó Sánchez Jiménez.
“Las familias están agradecidas con los medios por su interés en difundir los hechos de incertidumbre en ese momento, lo que permitió que no se violentara su estado de derecho”, afirmó Sánchez Jiménez en entrevista.
Funcionarios mexiquenses, en la mira de la PGR
El Estado de México, donde se ubica el Penal del Altiplano del que escapó Joaquín El Chapo Guzmán, se ubica entre las entidades que tienen la mayor cantidad de servidores públicos investigados por la Procuraduría General de la República por la presunta comisión de algún delito federal.
La PGR tiene el registro de mil 10 servidores públicos indiciados en el periodo del 1 de enero de 2006 al 1 de mayo de 2015, de los cuales 150 fueron consignados ante un juez, pero hasta el 2012 el Ministerio Público de la Federación, pero sólo se dictó sentencia condenatoria contra de nueve de ellos de acuerdo con la información proporcionada a este medio a través de una solicitud de información (folio 0001700139915).
Entre los delitos cometidos por servidores públicos, la ley menciona: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, concusión, abuso de sus funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.