Desde 2014, el gobierno federal advirtió que el Sistema Penitenciario Federal atravesaba por una situación crítica, que ponía en riesgo a los centros de máxima seguridad de fugas y motines por parte de los delincuentes más peligrosos del país.

 

Según el diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad, desde hace un año la Federación identificó que el “sistema penitenciario requiere de un replanteamiento integral a nivel nacional que rompa con inercias y viejos paradigmas que han prevalecido hasta la actualidad y lo han convertido en un sector en situación crítica”.

 

Entre los factores de riesgo, además de fugas y motines, se “incrementan la violencia, tanto dentro de los centros de reinserción social, como a través de sus vínculos con grupos y redes delictivas en el exterior”.

 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo planteó desde 2013 como una “prioridad impostergable” la intervención inmediata de los penales federales y locales para “garantizar el control y seguridad (…), evitar fugas y motines, abatir la corrupción y, sobre todo, romper el vínculo de los internos con organizaciones delictivas que operan tanto dentro como fuera de los centros”.

 

En su diagnóstico, el gobierno de Enrique Peña Nieto concluyó que “el sistema penitenciario ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo, ya que existen redes delictivas que operan desde los centros penitenciarios y victimizan a la sociedad a través de la extorsión telefónica y otras acciones”.

 

A su vez, “el registro de incidentes como fugas y riñas en centros penitenciarios locales, los cuales se duplicaron en los últimos dos años, da cuenta de la falta de capacitación y control del personal penitenciario para hacer frente a estas problemáticas”.

 

 

CNDH también alertó

 

Como deficiente calificó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la infraestructura y la operatividad que hay al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano.

 

“Unos cuantos elementos por turno no pueden hacer frente a las demandas de atención que requieren los internos”, advirtió el organismo autónomo en su informe titulado “Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013”.

 

Las prisiones en México, incluyendo la del Altiplano, “continúan siendo espacios donde la corrupción, la extorsión, el abuso, la arbitrariedad, la desatención, la impunidad, así como el desprecio y maltrato generalizado hacia las internas e internos, son las notas comunes”, afirmó la CNDH en el documento.

 

Resalta condiciones “difíciles” para acompañar a los internos a las audiencias y locutorios; al comedor a ingerir alimentos; a la enfermería; a las salidas a los patios; a la visita íntima; a las actividades al aire libre; a los talleres, a las aulas o centros de lectura si es que los hay; o simplemente a ejercitarse.

 

La evaluación revela, además, que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de aquel año, se registraron un total de 40 riñas entre los presos, cifra que rebasa los registros de penales similares pero ubicados en Tabasco (26); Oaxaca (25); y Sonora (3).

 

El organismo advirtió, además, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad sobre una sobrepoblación y hacinamiento de los presos, ya que el penal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez, registró un “número de internos que rebasan la capacidad instalada de celdas”.

 

Sin embargo, mediante el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la CNDH calificó con 7.53 (en una escala del 1 al 10), a este penal.

 

Medidas pendientes

 

Para fortalecer la seguridad en el Sistema Penitenciario, el año pasado el gobierno vislumbró nueve estrategias a desarrollar, como “la clasificación ágil de los internos en los centros penitenciarios y promover el traslado de internos procesados y sentenciados del fuero federal y común de alta peligrosidad a centros penitenciarios federales”.

 

Además, “establecer protocolos sistemáticos de operación para el control y seguridad penitenciaria con respeto a los derechos humanos e instrumentar programas de supervisión penitenciaria y de centros de internamiento para menores que infringen la ley penal”.

 

Entre las estrategias resalta “implementar medidas efectivas para que no ingresen objetos prohibidos a los centros penitenciarios e impulsar el incremento del número de custodios, considerando la población penitenciaria de cada centro de reinserción”.

 

Sobre los centros penitenciarios de alta seguridad, la Federación se propuso en 2014 “revisar la estructura física de centros penitenciarios (incluidos los federales), para optimizar los niveles de seguridad acorde con los estándares de derechos”.

 

Y para tener vigilados a los delincuentes de alta peligrosidad consideraron “Implementar medidas efectivas para el bloqueo de señales celulares, a efecto de inhibir actividades delictivas cometidas desde los centros penitenciarias e integrar información, coordinación y aplicación de inteligencia para identificar y dar seguimiento al sentenciado de alto impacto liberado”.

 

Las irregularidades

 

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán reveló irregularidades en la administración y el sistema de seguridad de los centros penitenciarios de máxima seguridad del país.

 

“Todas las áreas de los Centros Federales deberán ser revisadas periódicamente, de conformidad con los Manuales y demás normas aplicables. De cada revisión se elaborará un informe por escrito”, asienta el artículo 8 de Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.

 

Sin embargo esta premisa se violó, luego de haberse documentado que El Chapo se fugó a través de un túnel sin que ninguna autoridad se diera cuenta de los trabajos de ingeniería que se requieren para este trabajo.

 

A decir de algunos legisladores federales que visitaron ayer el lugar y el túnel dónde se fugó el capo del narcotráfico, este delincuente permaneció sólo en dos celdas durante su confinamiento (22 de febrero de 2014 al 11 de julio de 2015), “unos días, mientras registraron su ingreso al penal; y después en la celda número 20 del área de tratamientos especiales”.