RÍO DE JANEIRO. La fiscalía brasileña abrió hoy una investigación criminal al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por supuesto tráfico de influencias a nivel nacional e internacional en favor de Odebrecht, la mayor constructora de América Latina.
La fiscalía busca determinar si Lula intentó “influir” durante viajes internacionales para favorecer los intereses comerciales de Odebrecht, en un caso de corrupción que involucraría a la firma Petrobras.
La fiscal Mirella de Carvalho Aguiar pidió informaciones a Odebrecht –cuyo presidente suma tres semanas en prisión preventiva-, al Instituto Lula y al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio jugosos créditos a la constructora la última década.
La fiscalía investiga viajes de Lula a Cuba, República Dominicana y Estados Unidos supuestamente pagados por la constructora y cuya finalidad podría ser beneficiar los negocios de las empresas en esos países.
Lula respondió a la apertura de la investigación con un comunicado en el que expresa su “sorpresa” y dijo que la semana pasada envió a la fiscalía los documentos requeridos.
En junio la policía brasileña informó que estaba investigando las donaciones de otra constructora brasileña -Camargo Corrêa- por valor de tres millones de reales (un millón de dólares) al Instituto Lula, del expresidente.
El Instituto Lula, creado por el expresidente en Sao Paulo, habría recibido tres donaciones de un millón de reales cada una entre diciembre de 2001 y el mismo mes de 2013, según la policía.
Estas donaciones habrían sido justificadas como “bonuses electorales”, “donaciones” y “contribuciones”, según la policía.
Se trataba de la primera vez que el nombre de Lula era mencionado directamente en las investigaciones de la Operación Lava Jato, que investiga el desfalco de cientos de millones de dólares desde la petrolera estatal mediante sobrefacturación de contratos y comisiones.
En curso desde abril de 2014, la Operación Lava Jato es considerada por el fiscal general de Brasil como el mayor caso de desvío de dinero de la historia del país.
Por el caso, decenas de empresas y ejecutivos ya fueron imputados, mientras que 54 políticos –entre ellos los presidentes del Congreso y del Senado- están siendo investigados por su supuesta implicación.
OBO