Han pasado más de dos meses desde que al menos 27 personas, habitantes de Chilapa Guerrero, fueron desaparecidas presuntamente por integrantes del grupo criminal Los Ardillos. Los hechos se derivaron presuntamente de la disputa entre dicho grupo y Los Rojos, luego de la irrupción de unas 300 personas armadas durante el periodo del 9 al 14 de mayo pasado, tras lo cual se registraron las desapariciones.
Aunque el gobierno federal, a través de la Policía Federal, y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ha reiterado el apoyo a los familiares de las víctimas, así como la presencia de las fuerzas federales para prevenir más actos similares, a la fecha no se sabe nada de las personas que son catalogadas como “no localizadas”.
Como parte de esa acciones, ayer se reunieron el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrían, con las 27 familias de las víctimas, a fin brindarles acceso a los apoyos que ofrece la dependencia en materia de alimentación, salud, educación, empleo, becas económicas, así como asistencia y acompañamiento legal permanente.
Sin embargo, a 69 días de haberse registrado el ingreso de hombres y mujeres armados que dijeron ser autodefensas pero que en realidad el presidente municipal de Chilapa, Francisco Javier García, reconoció en entrevista previa con este diario que se trataron de actos del crimen organizado, ninguna persona reportada como desaparecida ha sido localidad, ni en el supuesto de que hallan muerto tampoco se han localizado pruebas al respecto.
Harán perfiles genéticos
Como parte del último encuentro entre el funcionario federal y las familias de los desaparecidos, todos ellos hombres, se acordó la realización de perfiles genéticos debido a que desde entonces cuando se dio el ingreso de los comandos al municipio no se tenían completos los expedientes de las víctimas que se mantienen abiertos.
Cuadro:
Según el Instituto para la Economía y la Paz, Guerrero es la entidad más violenta del país debido a la incidencia de homicidios y el nivel de impunidad.
Acapulco y Chilpancingo están dentro de las cinco ciudades más inseguras de México, con el índice de paz más bajo.