A lo largo de los tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, han emergido severos escándalos de corrupción, como la Casa Blanca, o el caso de la empresa OHL. Ya sucedieron casos anormales de violencia y de atropellos a los derechos humanos, como fue Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato, y la procuraduría da por cerrados casos en los que aún quedan muchísimas preguntas sin contestar.
No olvidemos la liberación de criminales que todavía no terminaban de cumplir su condena, como Rafael Caro Quintero o Raúl Salinas de Gortari. El común denominador en todos estos casos es que ningún alto funcionario ha perdido su puesto, mucho menos enfrentado un juicio.
No obstante, de todos estos casos, el que más me ha conmocionado de todos, es la segunda fuga del criminal más buscado de México (y también de Estados Unidos).
El túnel que utilizó el Chapo para escapar de prisión fue solamente el conducto físico. Este túnel, útil solamente para fines prácticos, no pudo haber funcionado sin el apoyo de otro túnel más amplio y profundo, que conecta de manera clandestina miles de operaciones, comunicaciones, transacciones y servicios ilícitos en todos los niveles de la política mexicana: el túnel de la corrupción.
La conferencia de prensa de Miguel Ángel Osorio Chong y la Procuradora Arely Gómez comenzó con una serie de halagos al nivel de seguridad que se mantiene en el Penal del Altiplano. El Secretario de Gobernación culpó la fuga de Guzmán a un punto ciego en la cámara de vigilancia, mismo que está ahí por una cuestión de derechos humanos.
La complicidad y la corrupción de numerosos funcionarios, las pasó por alto.
Lo sucedido con el Chapo Guzmán es un durísimo golpe contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuesta trabajo creer que parece no haberles importado mucho. Más allá de los operativos para su recaptura, la falta de cambios importantes en el gabinete es un movimiento que debería ser esencial, o por lo menos simbólico como acto de humildad ante la incompetencia. Todo indica que las instituciones que el gabinete dirige están rebasadas por la corrupción. Sin embargo, el valor que reina entre el gabinete actual es el orgullo.
Estados Unidos ofreció apoyo técnico y logístico para la recaptura de Joaquín Guzmán. El PRI se ha relacionado históricamente con un rechazo nacionalista a la injerencia extranjera en cuestiones de seguridad, especialmente con nuestro vecino del norte. El gobierno aún no se ha declarado sobre la oferta de apoyo, pero no dudo que se vaya a rehusar nuevamente, en un momento en el que la buena relación con Estados Unidos es crucial.
Hasta el momento, solamente se han removido de su cargo al director de la prisión y a otros dos funcionarios de nivel medio. Queda claro que el poder del Chapo, tanto económico como de disuasión, rebasa por mucho a guardias y empleados de cualquier prisión, pero parece que el nuevo PRI sigue con la vieja usanza de proteger a los suyos.
A los ojos de Peña Nieto, ningún alto titular estuvo lo suficientemente involucrado con la fuga del Chapo como para perder su puesto, mucho menos ser sometido a juicio. Osorio Chong, durante la rueda de prensa mencionó que “los momentos de crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos”.
A este punto, realmente no sé qué pensar, si el gobierno mantiene una estrategia de querer encubrir su ineficiencia con un velo de engaños, o la ciudadanía es más escéptica que nunca, o simplemente no creen que nos demos cuenta.
Lo indudable es que, ante el desplante de orgullo y nacionalismo por parte de la clase política con el caso de la fuga del Chapo, el túnel de la corrupción, aquel por el que escapó Guzmán con la complicidad de funcionarios de todos los niveles, sigue ensanchándose por los ingenieros más experimentados en la materia.