Habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, rechazaron la versión oficial de que asegura que los soldados del Ejército mexicano dispararon al aire para dispersar a la población durante las movilizaciones del pasado domingo 19 de julio, que dejó como saldo a un niño asesinado y heridas a seis personas más.
En conferencia de prensa desde el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Agustín Vera, vocero y jefe de Tenencia de Ostula desmintió que los militares fueran provocados por los comuneros. “Ellos mismos actuaron de manera arbitraria”.
“Tiraron para que la gente se quitara; dispararon contra los civiles”, aseguraron en conferencia de prensa sobre los hechos por los que la CNDH abrió un expediente e incluso la Procuraduría General de la República (PGR) inició un acta circunstanciada.
Aseguraron que es “totalmente falso” lo señalado por Felipe Gurrola, mando especial del Grupo de Coordinación Michoacán, quien la víspera aseguró que los soldados sí dispararon, pero al aire, no contra la población y no fueron ellos quienes iniciaron las agresiones.
Denuncian cooperación templaria
Vera junto a Ezequiel Celestino Grajeda, del Consejo de Vigilancia de Ostula, señalaron que soldados del Batallón 86 fueron quienes comenzaron los disparos y denunciaron una “cooperación” entre elementos del Ejército y la Policía Federal y el mando de Los Caballeros Templarios en el municipio de Aquila, al que pertenece dicha comunidad.
Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la Marina y policías estatales y federales, a quienes se incorporaron los soldados del Batallón 86, atacaron con armas de fuego, macanas y gases lacrimógenos los retenes instalados por los comuneros. A su paso por la encargatura de Ixtapilla, dispararon contra las casas y la población civil.
Al dar lectura a un comunicado enviado por la comunidad, fechado el día lunes 20 de julio, Vera detalló: “cerca de las 10 de la mañana y en movimientos simultáneos, soldados del Batallón 86 hostigaron a la comunidad –que estableció retenes en la carretera federal 200, dentro de los cuales quedaron tres pelotones de soldados del Batallón 86-, se detuvo a Cemeí Verdía y la Policía Federal detuvo temporalmente a policías comunitarios, quitándoles sus armas y radios”.
“El presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales fue, horas después, despojado de su radio, sello e identificaciones”, agregó.
Asesinatos y desapariciones sistemáticas en seis años
El Consejo de Vigilancia de la comunidad indígena, en voz de Grajeda, denunció además que desde 2009 a la fecha suman 34 asesinatos de sus integrantes, contando al menor Edilberto Reyes de 12 años y la desaparición de otras cinco.
Muchos pobladores tuvieron que desplazarse para salvaguardar sus vidas, agregaron. Pero fue en febrero de 2014 regresaron a su territorio, en pleno auge de las autodefensas, y expulsaron a los criminales.
Recordaron que el comandante Cemeí Verdía ha sido reiteradamente amenazado por el cartel de Los Caballeros Templarios y sobrevivió a dos atentados. El último fue el pasado 25 de mayo, precisaron.
Los comuneros han señalado a Federico González Medina y Mario Álvarez López, este último líder del PRI en la región, como cabezas del crimen organizado y a la industria minera como uno de los intereses detrás del despojo de tierras.
Traición a comunitarios
Vera agregó que la detención arbitraria de Cemeí Verdía Zepeda, a quien identificó como primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Cualcoman, Coahuayana y Chinicuila, ocurrida horas antes de la agresión armada fue una “traición” a la policía comunitaria que hasta ahora había trabajado conjuntamente con el gobierno estatal.
Y señaló que la comunidad demanda a las autoridades la libertad del comandante Verdía, razón por la cual se manifestaron el pasado domingo.
“La comunidad inició movilizaciones en busca de diálogo para la liberación”, precisó.
Refirió que Verdía Zepeda fue citado por autoridades para una reunión en el poblado de La Placita, en Aquila. Allí fue detenido y posteriormente trasladado a Morelia y de allí al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado del presunto delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, “aún cuando su subametralladora cuenta con permiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán”.
Ostula siguen vulnerable tras agresión extremadamente grave, alertan
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), alertó de que la comunidad de Ostula sigue en situación de vulnerabilidad tras el ataque y manifestó su preocupación por un “acto de agresión contra la sociedad civil”, al que calificó de extremadamente grave.
Lamentó que el Ejército esté involucrado en la disuasión de protestas y la criminalización de defensores comunitarios.
En lo que coincidió Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien destacó que las comunidades tienen derecho a garantizar su seguridad frente al crimen organizado vinculado con distintos niveles de gobierno.
Aquí la conferencia completa de los habitantes de Santa María Ostula
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