¡Organícense, organícense!, piden la sociedad y la opinión pública a todos aquellos funcionarios que tienen responsabilidad en la fuga del enemigo público número uno, mejor conocido como El Chapo Guzmán.
Dejen de echarse la bolita, de pretender escurrir el bulto, de argumentar que el asunto le compete únicamente a tal o cual dependencia… Ya no sigan ensalzando al delincuente con eso de que su fuga fue una “fantasía” (Monte Alejandro Rubido dixit); de que ninguno como él para las fugas, y otros calificativos grandilocuentes. Dejen de “darle cuerda” a las opiniones de los jerarcas de la Iglesia católica, quienes por un lado cuestionan el poder de la “supersecretaría” de Gobernación y su responsabilidad en asuntos de seguridad pública, y por el otro lamentan profundamente que las “narcolimosnas” hayan disminuido sensiblemente porque una buena cantidad de benefactores se encuentran en el “tambo”.
¿Acaso no hay otras cosas más jocosas, divertidas y algunas importantes que difundir, analizar, comentar?
Por ejemplo, dentro de lo jocoso y divertido destaca que los consejeritos del Instituto Nacional Electoral han resuelto 34 quejas interpuestas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de partidos políticos nacionales, de las cuales cuatro fueron declaradas fundadas y 30 infundadas o desechadas, y que las cuatro sumen sanciones al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un monto superior a 20 millones pesos por distribuir tarjetas “premia platino”; boletos para el cine, papel para envolver tortillas y limpiarse la cola.
Ya encarrerados, también podríamos hablar de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el proceso de revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos, partidos y candidaturas independientes, relativos a las campañas del Proceso Electoral Federal y de los 16 procesos electorales locales 2014-2015, imponiendo sanciones al PRI, PAN; PRD, PVEM, PT, et al por más de 390 millones de pesos por haber violado la ley en materia de gastos de campaña. Las faltas más frecuentes –precisó en INE– se ubican en omitir registrar gastos y en no comprobar los mismos. “Es decir, los problemas detectados fueron en la salida y no en el hecho de recibir dinero opaco o de entes prohibidos; se puede decir que las campañas se financiaron con dinero limpio”. ¡Que les crea su abuela!, responden los indignados.
En asuntos más serios, vale la pena referirse a las cifras oficiales del INEGI publicadas la semana pasada, que informan que los homicidios registrados el año pasado fueron menores a los del 2012. Para 2014 se registraron 16 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, lo que representa una baja del 27% respecto a 2012, cuando se contabilizaron 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es un indicador internacional que la ONU utiliza. Desde 1990 a la fecha, el INEGI elabora y publica esta cifra. Con respecto a este periodo de 24 años, la tasa de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes de 2014 es menor a lo registrado en 11 ciclos anuales: 2013 (19), 2012 (22), 2011 (24), 2010 (23), 2009 (28), 1995 (17), 1994 (17), 1993 (18), 1992 (18), 1991 (17) y 1990 (17).
Los 19 mil 669 homicidios registrados en 2014 representan 7 mil 544 menos que 2011, 6 mil 298 menos que 2012 y 3 mil 394 menos que 2013. Los dos primeros años del actual gobierno (2013 y 2014) registran, según el INEGI, 10 mil 448 homicidios menos que lo registrado en los años 2011 y 2012.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes registrada en México durante 2014 es incluso menor a la registrada por estudios de la ONU en países como Honduras (90.4), Venezuela (53.7), El Salvador (41.2), Guatemala (39.9), Colombia (30.8), Puerto Rico (26.5), Brasil (24.2) y Panamá (17.2).
O sea que en otros países del continente americano están “pior”.