El gobierno federal y la administración de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México violentan de manera “grave” la Constitución, al despojar , a través de un decreto presidencial, la expropiación de 38 hectáreas del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla afirmó la legisladora panista, Eufrosina Cruz Mendoza.
“El gobierno federal y el gobernador Eruviel Ávila violentan el artículo segundo de la Constitución política, ya que no han consultado a los dueños originales de la tierra y el agua que son propiedad de los indígenas. El gobierno pretende despojarlos de estas tierras con el pretexto de construir una carretera”, afirmó.
En entrevista con 24 HORAS, la legisladora federal que preside la comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, recordó que el propio presidente Enrique Peña Nieto firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fin de proteger los derechos de los indígenas en nuestro país.
“Quedó plasmado que no se puede hacer ningún cambio legislativo o administrativo sin antes haber sido consultado e informado a los pueblos y comunidades indígenas. Y el artículo 2 Constitucional lo dice claro: cualquier cambio, legislativo o administrativo, primero se hará una consulta a los pueblos o comunidades indígenas”, afirmó.
Resaltó que la comisión que preside prepara ya un pronunciamiento que hará público a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para garantizar los derechos de los defensores de la tierra y el agua en territorio mexiquense.
Pide liberar a defensores de los derechos humanos en el Estado de México
La legisladora Eufrosina Cruz Mendoza (PAN) pidió al gobernador Eruviel Ávila Villegas liberar de manera inmediata a tres defensores de los derechos humanos que fueron privados de su libertad la tarde de ayer.
La diputada panista recordó que los defensores del agua Sergio Velázquez Morales, Gerardo Trejo Galván y Vicente Moreno Domínguez, fueron arrestados por defender los recursos naturales del municipio mexiquense de Coyotepec.
El presidente del Centro de los Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque, informó que el delito por el que acusa es “oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos”, por lo que podrían alcanzar hasta una pena de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 150 días de salario mínimo como multa.
“Esto no debe se posible en nuestro país, personas que defienden sus propios recursos son violentados por Estado mexicano y puestos presos, sólo por el hecho de cuidar los recursos naturales y hacer que los ciudadanos paguen lo justo por este servicio, que dicho sea de paso, lo han hecho por décadas”, afirmó la diputada federal.