La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 32 observaciones y propuestas sobre la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Al presentar el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala, la comisión evidenció fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, además de omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales.
“Ante la barbarie ocurrida en Iguala, no es momento de callar ni olvidar”, dijo el ombudsman nacional, Luis Raúl González, quien llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad, pues advirtió que sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México.
González Pérez dijo que la CNDH considera de “extrema gravedad” los hechos ocurridos hace exactamente 300 días en Iguala, pues afirmó que por su deshumanizada naturaleza; por la forma como se ha hecho evidente el rompimiento del Estado de Derecho; por la violencia contra los valores fundamentales de las víctimas, y por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana. “no es momento ni de callar ni de olvidar”.
La CNDH en sus 32 observaciones pide:
A la PGR, integrar las fichas de identificación y establecimiento de perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda de los estudiantes desaparecidos disminuye su posibilidad de éxito sin estas fichas.
Que continúe con las acciones de búsqueda “para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”; en la Sierra de Guerrero, en Apango, y no descartar ninguna línea de investigación.
También, obtener los datos de los celulares de dos estudiantes desaparecidos, incluidos los mensajes que fueron enviados durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014; así como de otros dos celulares desde los que “supuestamente” se mandaron mensajes e hicieron llamadas el 26 de septiembre pasado.
Pide a la Procuraduría investigar “por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala. ¿Quién los llevó y por qué precisamente a los alumnos de primer grado?”. Se debe investigar la injerencia o no de autoridades escolares.
Faltan por aprehender a tres participantes en la supuesta incineración de retos y falta identificar y aprehender a 11 implicados que sólo se mencionan por apodo, por lo que la PGR debe cumplir estas ordenes de aprehensión pendientes y solicitar apoyo internacional para cumplirlas.
La PGR debe tomar declaración a los buzos de la Marina que recuperaron restos del río San Juan para atender las inquietudes del equipo forense argentino que apoyó a las víctimas.
Investigar las condiciones climatológicas “para establecer si existieron las condiciones para generar la incineración de cadáveres en el basurero de Cocula”.
Comparar científicamente la tierra de los restos recuperados del río San Juan con la tierra del basurero de Cocula para esclarecer temores sobre ocultamiento de evidencias.
Practicar comparaciones científicas similares con otros materiales hallados, tanto en los restos recuperados del río como en los materiales recuperados del basureros, como llantas, botellas, hebillas.
Analizar las balas recuperadas en Cocula, para determinar el tipo de armas usadas.
Analizar si existen “indicios biológicos secrecionales y de pelo” en ocho camisas recuperadas de un autobús abandonado en la comunidad de Mezcala.
Analizar la sangre hallada en una playera más, recuperada del autobús abandonado en Mezcala el 26 de septiembre de 2014.
Comparar restos de sangre hallados en el lugar del ataque a estudiantes, patrullas, autobuses y otros sitios, para saber a qué estudiantes pertenecía esa sangre.
Realizar periciales antropológicas y odontología a los 60 mil pedazos de hueso quemado recuperados del basureros de Cocula y el río San Juan.
Resolver “lo que en derecho proceda” sobre la muerte de Alexander Mora Venancio, el único normalista identificado por los expertos de la Universidad de Innsbruck.
Establecer la identidad de los habitantes de la calle Juan Álvarez y Periférico, en Iguala, donde ocurrió el ataque a los normalistas, para obtener sus testimonios de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre.
Recabar y ampliar las declaraciones de los policías estatales, ministeriales, estatales y federales, “y de elementos militares” destacamentados en Iguala y Cocula. La CNDH pide a la PGR que siente los militares rindan su declaración; al menos 10 deben hacerlo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe informar cuáles de los 43 normalistas pertenecen o han pertenecido al Ejército.
Investigar las discrepancias sobre el paradero de los alumnos, pues la PGR cuenta con dos testimonios distintos; uno que indica que los jóvenes fueron asesinados en el basurero de Cocula y otro en el que se asegura que fueron llevados a fosas de Cerró Viejo.
Realizar una reconstrucción de los hechos. A la fecha, la PGR no ha realizado una reconstrucción de hechos formal.
Indagar la participación de otras corporaciones de seguridad municipales en actividades del crimen organizado.
Determinar el modus operandi de los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, sus estructuras financieras y de vigilancia de la población; también investigar a las empresas en las que ocultan sus ganancias.
Investigar operaciones financieras de estos grupos delictivos y la entrega de recursos públicos y de estructuras administrativas, como las direcciones de seguridad, al crimen organizado.
Unificar las cuatro investigaciones estatales y federales emprendidas por el ataque a los normalistas.
Fortalecer los pliegos de consignación en contra de los detenidos, alimentándolos con pruebas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe realizar un estudio del impacto psicología del ataque contra los normalistas, que dé pie a un plan de reparación del daño.
La CNDH consideró imprescindible la creación de un plan de reparación del daño, que rija toda acción de la comisión de atención a víctimas.
La Comisión de víctimas no sólo debe atender la reparación del daño a nivel personal, sino prever la reparación colectiva.
Para la CNDH, la Fiscalía de Guerrero debe determinar científicamente el origen de las lesiones en el rostro de Julio César Mondragón, que fue hallado desollado.
El ayuntamiento de Iguala debe restaurar de inmediato sus áreas de seguridad pública, redactando reglamentos y con vigilancia de la ciudadanía.
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