Una comisión de la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán se reunió con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) quienes establecieron diversos compromisos para atender la agresión que sufrió la comunidad el domingo pasado y en la que murió un niño de un impacto de bala en rostro.
A través de un comunicado, el equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula detallaron que firmaron 12 acuerdos con las autoridades, de los que destacan que la Segob y la PGJ de Michoacán se comprometen a ser muy cuidadosos y detallados respecto a las declaraciones públicas que hagan sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio.
A la reunión asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz; además de representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, entre otros.
Las autoridades se comprometen a que no existan agresiones, hostigamiento o detenciones por el ejercicio de la seguridad comunitaria por parte de las autoridades, en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana, sin que esto signifique ningún tipo de impunidad en favor de cualquiera de las personas miembros de la comunidad.
Se comprometieron a tener una reunión en la región, con fecha por definir la próxima semana por la Subsecretaría de Derechos Humanos y a realizarse a más tardar en un plazo no mayor a quince días desde que se defina la fecha, con los representantes y los miembros de la comunidad de Santa María Ostula.
“Debemos recordar que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo entre los habitantes de Santa María Ostula y el gobierno y que a pesar de ello la comunidad arrastraba el saldo de treinta y dos habitantes muertos y seis desaparecidos desde 2009”, recordó el equipo de apoyo.
Incluso recordó que a pesar de haberse instalado una mesa de negociación desde el pasado 12 de junio con la Secretaría de Gobernación, se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios.
“Es por esto que hacemos un llamado a estar atentos a la tensa situación que prevalece en la comunidad para que se respeten los acuerdos firmados el día de hoy y a pronunciarse por todos los medios al alcance”, puntualizó.