PHOENIX. Con una enérgica reprimenda, un juez ordenó al Servicio Federal de Alguaciles de Estados Unidos requisar una serie de documentos de la oficina de Joe Arpaio, jefe policial del condado de Maricopa, Arizona, y criticó a los abogados de este por no haber entregado documentos que fueron solicitados hace meses en un caso de etiquetación racial.
La crítica hecha el viernes por el magistrado Murray Snow se debió a que la agencia no entregó más de mil 400 documentos de identidad en una investigación paralela ante denuncias de que los policías se embolsaron artículos incautados durante procedimientos policiales.
El juez también se concentró en la negativa de la agencia a entregar 50 discos duros de una investigación secreta de Arpaio que involucró al juez.
El abogado de Arpaio, John Masterson, dijo que un funcionario que vigila la oficina de Arpaio en nombre del juez tuvo que recurrir a la amenaza de convocar una audiencia judicial para lograr la entrega de los registros.
Robert Warshaw, el funcionario que vigila el departamento policial en nombre del juez, dijo que se enteró de que se había decidido destruir los documentos de identificación y que había una orden de Arpaio de que la existencia de los registros de identificación no fuera revelada voluntariamente.
El vigía judicial agregó que una unidad del jefe policial guarda las evidencias en una caja fuerte para impedir que documentos comprometedores lleguen al escrutinio del público o de la justicia.
Arpaio no asistió a la audiencia y su oficina se negó a comentar las afirmaciones de Warshaw.
Warshaw estudia afirmaciones de que miembros de la escuadra de Arpaio regularmente se quedaban con objetos incautados durante paradas de automovilistas y allanamientos de casas en relación con contrabando de inmigrantes.
Los 1.400 documentos de identidad fueron entregados por un sargento del cuerpo de Arpaio que dijo tenerlos para enseñar una clase sobre identificación fraudulenta, dijo Warshaw y afirmó que el sargento jamás impartió esa clase.
Warshaw agregó que trató de averiguar quién en el departamento de policía de Arpaio emitió la orden de no revelar voluntariamente los documentos de identidad, pero le dijeron que esa información estaba protegida por el derecho a confidencialidad entre abogado y cliente.
El vigía judicial también examina la investigación secreta que inició Arpaio sobre el juez, quien le propinó a este una de sus peores derrotas legales en 2013 cuando llegó a la conclusión de que los agentes de Arpaio habían incurrido en etiquetación racial en perjuicio de los hispanos.
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