La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene abiertas 123 carpetas de investigación en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), presidida por Rosario Robles Berlanga, por diversas violaciones a la Ley de Delitos Electorales durante las campañas electorales que renovaron nueve gubernaturas y la Cámara de Diputados el pasado 7 de junio.
De acuerdo con un reporte obtenido vía transparencia, la Fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), reveló que 96 investigaciones son directamente contra la Sedesol como institución del Estado mexicano y otras 27 indagatorias contra funcionarios de la dependencia.
Los presuntos delitos que se les imputan son la coacción del voto a través de los programas sociales y obras públicas; la presión a empleados para asistir a eventos proselitistas o apoyar a candidatos, y la utilización de recursos del erario para fines electorales.
La solicitud de información 0001700187915 indica que la mayoría de indagatorias en contra de la Secretaría de Desarrollo Social es por violaciones al artículo 407 del Código Penal Federal y del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En concreto, con el artículo 407 se investiga a funcionarios públicos de la Sedesol por obligar a subordinados por votar a favor de un partido político o candidato, por usar el tiempo de trabajo para realizar proselitismo y utilizar los bienes del Estado para favorecer un candidato o condicionar la entrega de programas sociales por votos.
Por su parte, el artículo 11 de la ley de Delitos Electorales señala que se impondrán hasta nueve años de prisión a los funcionarios que “coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña o precampaña, para que voten o se abstengan de votar por un partido, candidato o coalición”.
Además, la misma pena se impondrá a quien “condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones o la realización de obras públicas a la emisión de un sufragio a favor de un candidato”.
Chiapas lidera
La información oficial revela que la delegación de Sedesol en Chiapas encabeza la lista de funcionarios involucrados en la supuesta compra de votos, por lo que durante el periodo de campañas se iniciaron 11 indagatorias contra servidores públicos.
A su vez, en Oaxaca la Fepade investiga a cuatro funcionarios de la Sedesol; en Puebla, Guanajuato y Estado de México a dos servidores públicos de la misma dependencia, y en Coahuila, Guerrero, Michoacán y Sinaloa a un trabajador en cada una.
La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales aclara que la totalidad de las 123 carpetas de investigación, iniciadas por la presunta coacción del voto en la Sedesol, siguen en trámite, por lo cual los nombres y cargos de los funcionarios involucrados permanecen bajo reserva para preservar su presunción de inocencia.
En general, durante el periodo de campañas, la Fiscalía -cuyo titular es Santiago Nieto Castillo- inició mil 207 averiguaciones previas por la presunta comisión de delitos electorales, de las cuales 350 derivaron en consignaciones ante el Ministerio Público